Un brutal caso de violencia intrafamiliar conmociona a todo Uruguay. El adolescente Jonathan Correa, de 15 años, fue asesinado a golpes por su propio padre, Jonathan Calero (37), quien luego arrojó su cuerpo en una zanja. El hecho desató un escándalo nacional al confirmarse que el joven sufría abusos desde hace tiempo y que las denuncias previas fueron ignoradas por el Estado.
El calvario comenzó la noche del viernes tras una fuerte discusión. Calero tomó un cable y le propinó una feroz golpiza a su hijo en su dormitorio, mientras la madre del joven y su hermana de nueve años se encontraban en otra habitación. Cuando terminó de golpearlo, lo mandó a dormir. El adolescente ya no volvió a despertar.
Entre las dos y las tres de la madrugada, el agresor se levantó y fue hasta la habitación. Al notar que el menor estaba sin signos vitales, decidió cargar el cuerpo, sacarlo de la propiedad y tirarlo en una cuneta. A la mañana siguiente, ante la desesperación de la madre por la ausencia del chico, Calero confesó el lugar donde lo había abandonado. Aunque intentaron reanimarlo, el adolescente ya estaba fallecido. Inicialmente, el homicida intentó encubrir el crimen argumentando que su hijo se había caído de un "puentecito cercano".
Fallas del Estado y antecedentes de violencia
La autopsia forense fue determinante: la médica constató que el cuerpo presentaba "múltiples heridas de diferente tiempo de antigüedad" y que la causa de muerte fueron los fuertes golpes recientes. La fiscal del caso, Sabrina Flores, solicitó la imputación por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado, logrando que el padre sea enviado a la cárcel con prisión preventiva por 180 días.
El crimen destapó una grave omisión institucional. La UTU (el colegio secundario al que asistía la víctima) ya había denunciado el maltrato físico tras notar que el chico iba a clases con los ojos morados y moretones tapados con una campera. Sin embargo, ni la Policía ni el Poder Judicial intervinieron a tiempo.
Frente a este aberrante escenario, el propio presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, catalogó el crimen como "espantoso" y cuestionó duramente a las instituciones: "¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir?", reclamó el mandatario. En la misma línea, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el inicio de una investigación administrativa para depurar responsabilidades ante lo que consideró un fracaso total de los mecanismos de protección de menores.
