Este jueves, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán comparecer nuevamente ante un tribunal federal en Nueva York por los cargos que enfrentan: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. De acuerdo con el Código Penal estadounidense, estas acusaciones conllevan penas que van desde los 30 años de prisión hasta cadena perpetua.
En esta segunda audiencia, el juez Alvin Hellerstein revisará una moción presentada por los abogados de la pareja, quienes sostienen que el bloqueo de activos venezolanos por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. interfiere con su derecho a la defensa. Solo en jurisdicción estadounidense, las autoridades bloquearon cerca de 700 millones de dólares vinculados a la pareja, mientras que la investigación financiera global calcula que la red de corrupción movió hasta 4.000 millones de dólares.
Los abogados de Maduro argumentan que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) limita su capacidad para contratar a sus propios abogados, y sostienen que aceptar un defensor designado por el tribunal no soluciona el problema. Maduro y Flores se encuentran detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero de este año, y esta será su segunda comparecencia ante la corte.
En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que esta semana una delegación diplomática venezolana viajará a Estados Unidos para dar inicio a la nueva etapa de relaciones bilaterales, tras el acuerdo formal del pasado 5 de marzo para reanudar lazos diplomáticos entre ambos países, interrumpidos en 2019. Rodríguez señaló la importancia de “construir relaciones sólidas a largo plazo, con bases políticas y económicas firmes y una agenda de cooperación clara”.
El caso de Maduro y su esposa combina así un escenario judicial complejo con movimientos diplomáticos que buscan normalizar los vínculos entre Caracas y Washington, en un contexto que sigue generando atención internacional.
