El gobierno de Colombia oficializó una de las decisiones ambientales más controvertidas de los últimos años: la autorización de un protocolo que contempla la eutanasia de los llamados “hipopótamos de Escobar”, descendientes de los animales introducidos ilegalmente en la década de 1980.
La medida apunta a controlar una población que creció de forma desmedida en la cuenca del río Magdalena, donde la especie, considerada invasora, se expandió sin depredadores naturales. Según estimaciones, el número podría alcanzar cerca de 500 ejemplares hacia 2030.
El plan del gobierno prioriza en primer lugar métodos no letales para reducir la población, aunque establece la eutanasia química o física como último recurso en casos específicos, lo que encendió la polémica.
La decisión generó un fuerte enfrentamiento entre científicos y autoridades ambientales, que advierten sobre el impacto en el ecosistema, y organizaciones proteccionistas que rechazan el sacrificio de los animales, reabriendo el debate sobre el manejo de especies invasoras en la región.
