Una imagen poco habitual volvió a generar controversia en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella apareció en un video rodeado de efectivos militares y policiales, junto a varias bolsas que contenían los cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias de las FARC abatidos durante un operativo.
El mandatario difundió las imágenes a través de su cuenta de X y presentó el procedimiento como un importante avance de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones armadas que todavía operan en distintas regiones del país.
Según informó el propio presidente, el operativo terminó con 23 presuntos integrantes del grupo muertos y otros seis capturados, entre ellos un hombre identificado con el alias de “Tigre”, a quien señaló como uno de los principales responsables de la organización.
De la operación militar a una escena de alto impacto
La difusión de las imágenes provocó repercusiones debido a que el Gobierno decidió mostrar públicamente los cadáveres de los presuntos guerrilleros como parte de la presentación del resultado del operativo.
De la Espriella calificó la acción como un “golpe letal” contra la estructura armada y aseguró que se trató de la operación militar más importante registrada en Colombia durante los últimos 12 años.
El presidente también acusó al grupo de haber participado en ataques contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de reclutamiento de menores. Según su versión, durante el procedimiento fue rescatado un niño que había sido incorporado por la organización y quedó bajo protección de las autoridades de infancia.
Una práctica que despierta recuerdos de los “falsos positivos”
La decisión de exhibir los cuerpos adquirió una dimensión especialmente sensible en Colombia debido al antecedente de los llamados “falsos positivos”.
Durante el conflicto armado, integrantes de las Fuerzas Militares asesinaron a miles de civiles y posteriormente los presentaron como guerrilleros muertos en combate para mejorar artificialmente los resultados operacionales.
El escándalo dejó una profunda huella en la sociedad colombiana y convirtió cualquier utilización pública de cadáveres de supuestos combatientes en una cuestión particularmente delicada.
Especialistas consultados consideraron que las imágenes difundidas por el Gobierno pueden interpretarse como una forma de mostrar poder y transmitir un mensaje de mano dura frente a los grupos armados.
El uso político de las imágenes
Analistas también compararon la estrategia comunicacional colombiana con otras experiencias recientes de la región, donde gobiernos han utilizado imágenes de personas detenidas o abatidas para reforzar sus discursos de seguridad y lucha contra el crimen.
La difusión de este tipo de material busca, según los especialistas, generar un impacto que vaya más allá de las cifras oficiales de un operativo.
En este caso, la presencia del propio presidente junto a los cuerpos representa además un cambio respecto de otras etapas del conflicto colombiano, cuando eran principalmente las Fuerzas Armadas las que difundían imágenes de guerrilleros abatidos.
Un antecedente que vuelve a abrir el debate
Colombia firmó en 2016 un acuerdo de paz con las FARC, poniendo fin a décadas de conflicto armado con la principal guerrilla del país.
Sin embargo, diferentes grupos disidentes que rechazaron el acuerdo o posteriormente abandonaron el proceso de paz continuaron operando en distintas zonas del territorio colombiano.
La persistencia de esas organizaciones llevó a los gobiernos posteriores a mantener operaciones militares contra sus estructuras.
Ahora, las imágenes difundidas por De la Espriella reabrieron el debate sobre cómo debe comunicarse el resultado de una operación militar, especialmente cuando existen personas fallecidas.
Todavía deben determinarse las circunstancias de las muertes
Las identidades de las personas fallecidas todavía no habían sido difundidas y el operativo deberá atravesar las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
Expertos en seguridad señalaron que la exhibición de los cadáveres antes de completar esas investigaciones puede generar interrogantes sobre la distinción entre combatientes y civiles, así como sobre el uso legítimo de la fuerza durante una operación militar.
Mientras el Gobierno presenta el procedimiento como una demostración de su política de tolerancia cero contra los grupos armados, las imágenes volvieron a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la historia reciente de Colombia: hasta dónde puede llegar la exhibición pública de la violencia en nombre de la seguridad.


















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