Venezuela intensificó su ofensiva diplomática en el marco internacional al exigir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la liberación inmediata del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos tras su captura en un operativo militar estadounidense del 3 de enero de 2026.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, destacó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y la intervención militar estadounidense han vulnerado los derechos humanos, sociales, económicos y culturales del pueblo venezolano, y subrayó que la detención de Maduro representa una violación de la soberanía nacional.
Gil también criticó la postura de la ONU por no haber adoptado una posición firme contra lo que calificó de “ataques y agresiones” dirigidos contra Venezuela, al tiempo que llamó a poner fin a las sanciones internacionales y a promover un enfoque imparcial sobre derechos humanos.
Las tensiones entre Caracas y Washington se mantienen tras la operación que resultó en la captura de Maduro, quien ahora enfrenta cargos en una corte federal de Nueva York, incluidos narcotráfico y conspiración relacionados con terrorismo, acusaciones que ha rechazado y ante las cuales se declaró inocente.
Este reclamo se da en medio de un contexto polarizado: sectores de la población y gobiernos aliados han organizado marchas y manifestaciones en apoyo de Maduro, mientras el liderazgo internacional discute las implicancias legales y diplomáticas de la operación estadounidense.
La situación ha generado un creciente debate sobre la legitimidad de la detención, las consecuencias para el derecho internacional y el futuro de la política venezolana, con potencias como Rusia pidiendo también la liberación del líder venezolano.
