Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional luego de que el Congreso resolviera este viernes 6 de noviembre destituir al presidente Santiago Peña, en el marco de un juicio político vinculado al escándalo financiero de Ueno Bank.
La decisión fue tomada por la Cámara de Senadores, que aprobó la remoción del mandatario por unanimidad, con 44 votos afirmativos y un legislador ausente. De esta manera, Peña quedó apartado de la Presidencia, cargo que había asumido el 15 de agosto de 2023.
La resolución llegó después de que el jefe de Estado intentara presentar su renuncia para frenar el avance del procedimiento parlamentario. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión debido a la falta de cuórum y decidió continuar con el juicio político hasta llegar a una definición.
En las horas previas a la votación, el mandatario también había solicitado una extensión de 72 horas para preparar su defensa. El planteo fue rechazado por los legisladores, que resolvieron avanzar con el tratamiento de las acusaciones.
Peña no se presentó personalmente ante el Senado y estuvo representado por sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes expusieron los argumentos defensivos durante la sesión.
La crisis de Ueno Bank, en el centro de las acusaciones
El proceso de destitución estuvo relacionado con la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, entidad que quedó bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades y sus vínculos con el entorno presidencial.
La situación generó una fuerte preocupación entre los ahorristas, luego de que se denunciara el congelamiento de cuentas que alcanzó a aproximadamente tres millones de clientes. El conflicto derivó en protestas y reclamos en distintas ciudades del país.
Durante el juicio político, los legisladores también cuestionaron el manejo de fondos públicos y posibles irregularidades en las operaciones financieras de la entidad, aspectos que podrían derivar en investigaciones judiciales.
Un antecedente histórico en Paraguay
Con su salida, Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente que pierde el cargo mediante un juicio político desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.
El antecedente más cercano se remonta al 22 de junio de 2012, cuando el Congreso destituyó al entonces mandatario Fernando Lugo, también bajo la acusación de mal desempeño de sus funciones.
Ahora, Peña podría enfrentar consecuencias judiciales por los hechos vinculados al escándalo bancario. No obstante, su destitución política no implica automáticamente una condena penal, por lo que será la Justicia la encargada de determinar si existieron delitos y quiénes serían los responsables.
La decisión del Congreso abre una nueva etapa de incertidumbre en Paraguay, en medio de una crisis que combina cuestionamientos políticos, problemas financieros y reclamos de miles de ciudadanos afectados por la situación bancaria.
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