Un funcionario de un conocido intendente exigía a empleados que le den 60% de sus sueldos.
Una reunión en el Hipermercado Libertad a las 15 horas del 14 de marzo de 2016 terminó en el juicio oral por supuestas exacciones ilegales agravadas, que la Cámara Penal tiene previsto celebrar el jueves a partir de las 8.
El imputado es Agustín Ruiz, director de Empleo e Intermediación Laboral de Las Talitas (Tucumán), y concejal electo por un acople peronista al intendente Carlos Najar.
Ruiz rendirá cuentas ante el camarista Gustavo Romagnoli por un pedido del 60% ($ 5.000) del sueldo de $ 8.000 que percibían sus colaboradores, los denunciantes Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia.
Al prestar declaración indagatoria, el funcionario dijo que sólo solicitó “una ayuda comunitaria voluntaria” y desvinculó a Najar mientras que María Pastora Cholffi, otra de las empleadas presentes en el encuentro del Hiper, refirió que el “proceso de colaboración ya estaba pactado”, informa La Gaceta.
Sobran las pruebas que acreditan la presunta perpetración del delito, según la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Entre las evidencias incorporadas al proceso hay una grabación de la conversación que mantuvieron Cura, Heredia, Cholffi y Gabriel Sleiman, también municipal, con Ruiz, que era el superior de todos.
La transcripción elaborada por el sargento Martín Lucas Navarro y presentada el 13 de junio de 2016 identifica una discusión acerca de la entrega de fondos que reduciría el ingreso de los aportantes a $ 3.000 (U$S 184 según la cotización de la divisa en en ese año).
En la desgrabación, una “voz masculina” dice a sus interlocutores que ellos deberían cobrar $ 750 y que les estaba dando “una mejora”. “¿Qué mejora? ¡Qué mejora! ¿$ 3.000 es una mejora?”, interroga la “voz femenina”. La “voz masculina” responde: “¿no es una mejora para vos $ 3.000?”. La “voz femenina” contesta: “no, no es una mejora $ 3.000, si cuánto se nos va en boletos nomás...”.
“La señora Cholffi se largó a llorar porque dijo que ella necesitaba la plata, pero la entregó. Ruiz nos insistía en que teníamos que darle el dinero porque igual íbamos a cobrar más que los casi $ 1.000 que nos daban al principio”, relató Heredia.
El empleado Sleiman corroboró la versión de la denuncia al prestar declaración testimonial. “Quiero aclarar que, luego de que me citaran a esta Fiscalía, me llamó al celular Agustín Ruiz para decirme que tenía que ir a la Intendencia a hablar con el abogado de ahí para que me asesore antes de venir acá. Yo le dije que no lo haría y le corté el teléfono. Quiero aclarar que a los cuatro que firmamos el contrato ese día nos llega el recibo de sueldo como si trabajáramos en la Comuna de El Mollar”, añadió.
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En distintas declaraciones, los denunciantes Cura y Heredia refirieron que Ruiz comenzó a amenazarlos luego de la interposición de la denuncia penal; que les impidió volver a sus puestos de trabajo por negarse a hacer el aporte y que incluso destruyó papeles vinculados a su asistencia. Además, manifestaron que, tras la reunión en el Libertad del acceso norte, fueron a ver a Najar.
“El intendente se reía: nos decía que vayamos a trabajar; que no le demos importancia a Ruiz y que nos iba a meter en la cárcel si hacíamos la denuncia”, manifestó Heredia en la Fiscalía de Reinoso Cuello.
El intendente reelecto, y aliado al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo afirmó que nunca había sido notificado oficialmente sobre la causa, aunque aseguró que estaba a disposición de la Justicia.
Najar explicó que Ruiz seguía formando parte de su equipo porque estaba amparado por la presunción de inocencia y que el Concejo Deliberante debería analizar su situación si recibía una condena.
“El imputado abusó de su cargo; exigió -ilegítimamente- una suma de dinero a las víctimas; las amenazó con dejarlas sin trabajo; les manifestó esa circunstancia en diferentes ocasiones y les impidió el ingreso a la institución en donde prestaban servicios, lo cual constituye un claro signo de intimidación. Todo ello está acreditado con las declaraciones testimoniales; las copias de los recibos de sueldo y del contrato de trabajo, incluida la propia indagatoria del imputado, que coinciden en que Cura y Heredia tenían un vínculo laboral con la Municipalidad de Las Talitas”, dijo el juez subrogante Víctor Manuel Rougés el 10 de mayo de 2017, cuando confirmó la elevación de la causa a juicio oral.
Ruiz se expone a ser condenado a una pena de uno a cuatro años de prisión con inhabilitación especial de hasta seis años por parte de Romagnoli, el vocal de la Sala II de la Cámara Penal que celebrará el juzgamiento.
La figura de las exacciones ilegales está descrita en el artículo 266 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.
