No puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga: "No te vendo si no me pagás lo que yo quiero". En reacción al escándalo por la compra con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Fernández quiso dar un enérgico y estratégico mensaje y convocó a Olivos, en plena tarde de sábado, al dueño de la productora de alimentos más grande de la Argentina, Luis Pérez Companc.
El Presidente quería escuchar de boca del titular de Molinos Río de la Plata por qué empresas como la suya y otras compañías alimenticias tradicionales del país nunca se presentan a las licitaciones del Estado. Pérez Companc se lo resumió en dos argumentos.
El primero, que el Gobierno paga con meses de demora. El segundo, que convertirse en proveedor del Estado conlleva una exposición legal y mediática, como ya se verificó en otros rubros, como la construcción.
Para "salir por encima" del escándalo, en esa cita de sábado con Pérez Companc, Fernández hizo una doble jugada. De un lado, le ordenó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que estaba presente en Olivos, que avanzara junto a la Jefatura de Gabinete en un nuevo mecanismo de compras de alimentos para que la convocatoria sea atractiva para los productores. Del otro, comprometió a Pérez Companc a que su firma y otras del rubro, que se nuclean en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), participen de las compras del Estado, indicó La Nación.
El encuentro fue sellado con una foto oficial. En un comunicado de Presidencia, se puso una cifra y se habló de "la posibilidad de que el Estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos para distribuir, pueda comprarlos sin intermediarios y directamente a los productores".
