La presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Angela Ledesma, aseguró ayer que el Poder Ejecutivo “no tiene ninguna incidencia en la libertad o encierro de las personas” y explicó que ese tribunal recomendó el 13 de abril que los jueces bajo su jurisdicción apliquen “medidas alternativas al encierro” con una perspectiva humanitaria, principalmente para acusados de cometer “delitos leves”, aunque advirtió que los magistrados “pueden equivocarse”.
La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país y fue quien estableció los lineamientos para que pudiesen reevaluarse las detenciones en las cárceles federales, con el objetivo de reducir el número de internos al mínimo posible, en el marco de la pandemia por coronavirus.
Tras largas y no menos ásperas discusiones virtuales entre los jueces de Casación, el tribunal emitió el 13 de abril la acordada 9, en la que instó a los tribunales inferiores a evaluar la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias a quienes cometieron delitos “leves” o “no violentos”, a mujeres embarazadas o con niños, a los que estén por obtener salidas transitorias y a los adultos mayores con riesgos de salud.
Además se incluyó a los detenidos por delitos graves pero, en ese caso, el máximo tribunal penal llamó a aplicar las recomendaciones “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.
Esta situación llevó a que abogados defensores de personas privadas de su libertad elevaran a la Justicia pedidos de prisión domiciliarias en todo tipo de casos.
En una entrevista exclusiva con Télam, realizada por vía remota, Ledesma descartó que existiera un plan para liberar personas violentas, relató cómo se gestó la acordada de la Casación Federal, y enfatizó que es tarea de los jueces decidir cuáles son los detenidos que pueden acceder a una excarcelación o al encierro domiciliario.
“La decisión se enmarca en la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, pero tiene en cuenta dos acordadas anteriores. En una poníamos de manifiesto la necesidad de prestar particular atención a las mujeres que tuvieran niños pequeños a su cargo y a embarazadas. En la otra, manifestamos preocupación por la propagación y el contagio del virus, y el riesgo frente a los grupos vulnerables que están en cárceles”.
“La acordada 9 fue muy meditada y analizada por los miembros de la Cámara y sin lugar a dudas han incidido los consejos de organismos supranacionales”.
