La primera denuncia por fraude contra un concejal salteño, acusado de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que está destinado para compensar la pérdida económica que genera el aislamiento obligatorio en medio de la pandemia por coronavirus, desató una avalancha de investigaciones que involucra a 52 ediles de 30 departamentos provinciales.
El escándalo político y social en el que está inmerso Salta ya generó acusaciones cruzadas y desmentidas por parte de algunos de los involucrados, entre los que también hay un diputado y un intendente, en momentos en que a muchas personas les fue rechazado ese beneficio y su situación es realmente más delicada que la de esos políticos.
La noticia de que el concejal de Guachipas, Héctor Cari había cobrado el IFE llegó a oídos de la fiscal Verónica Simesen de Bielke quien tras radicar una denuncia de oficio por “fraude a la administración pública” ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, corroboró que Cari cobró el primer pago y está a la espera del segundo.
Se amplía la investigación
Eso generó que se ampliara aún más la investigación luego de que los medios FM Noticias, Buufo y Salta Entre Líneas hicieran un entrecruzamiento entre los datos de los concejales, intendentes y diputados de la provincia y la página de la Anses y encontraran que en total son 52 los políticos que se inscribieron para recibir ese subsidio estatal”.
