La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar “potenciales perjuicios a acreedores” ordenó el “desplazamiento total” de sus directivos, por lo que se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.
La resolución de primera instancia, dictada en el marco del proceso de “salvataje” de la empresa, había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de “vaciamiento”.
