“Es una decisión política que en diciembre se pueda enviar el proyecto de Ley al Congreso que refleje los entendimientos con el FMI. Tiene el respaldo de todo el Frente de Todos”, dijo este viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró también que a partir de 2022 el gobierno segmentará tarifas, de modo reducir subsidios y focalizarlos “en quienes más los necesitan” y que la negociación tiene el apoyo de la vicepresidente Cristina Kirchner.
“El endeudamiento de USD 44,000 millones es un problema muy grave y no tenemos capacidad de pagar USD 19.000 millones en 2022 y 2023 igual. No hay forma”, enfatizó Guzmán, ratificando el objetivo de apurar un acuerdo y borrar la expectativa de un default que dejaría al país como deudor moroso de un club que integran 190 naciones del mundo.
La reducción de los subsidios a la energía, que este año insumirán más de USD 10.000 millones y, de no cambiarse el actual esquema, insumirían hasta USD 16.000 millones en 2022, según calculó el especialista Daniel Gerold, podría ser la principal jugada del Gobierno para acordar.
A fines de abril pasado, cuando Guzmán buscó avanzar por allí, lo frenó uno de los “guardianes” de esos subsidios, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. El de los del gas es Federico Bernal, titular del Enargas. Lo que el ministro no pudo por oposición de “los Federicos”, apoyados por la vicepresidente y el kirchnerismo duro, es ahora clave para acordar con un organismo cuyas iniciales en inglés (IMF), suelen leerse como It’s mostly fiscal (es mayormente fiscal), debido a su obsesión por hacer cuadrar las cuentas públicas, más en un país que cubre buena parte del déficit con emisión monetaria.
De hecho, señaló la consultora Quantum, el Gobierno ya empezó a avanzar en dos frentes del potencial acuerdo: dejó de intervenir y perder reservas en los mercados de dólar “bolsa” (o MEP) y “contado con liquidación”, acercándose a lo que podría llegar a ser un desdoblamiento cambiario menos enrevesado que el sistema actual, y pidió a Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras eléctricas, que precisen en sus facturas el monto de subsidios que paga el fisco. Preaviso que podría anticipar una vendetta política si el cese de esa canilla termina castigando en particular -en base a criterios socioeconómicos más o menos objetivos- áreas y poblaciones de voto hostil al oficialismo.
