En medio de una fuerte controversia social, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió prorrogar hasta marzo de 2025 el congelamiento de los sueldos de los senadores nacionales, luego de la controversia generada por un aumento salarial que habría elevado sus remuneraciones a 9,5 millones de pesos brutos mensuales a partir de enero.
La decisión de Villarruel, anunciada tras el vencimiento del congelamiento el 31 de diciembre, se produjo en respuesta a un descontento generalizado provocado por la posibilidad de que los legisladores nacionales se beneficiaran de un incremento salarial en un contexto de alta inflación y crisis económica. Este aumento, que generó una ola de indignación entre la ciudadanía, fue objeto de duras críticas de sectores políticos, sociales y opositores, quienes señalaron la contradicción entre el salario propuesto para los senadores y la situación económica que atraviesan muchos ciudadanos.
El anuncio de la prórroga no fue sorpresivo. Según informaron, la decisión de suspender el aumento dependía de la voluntad de los legisladores, pero especialmente de la voluntad política de la vicepresidenta, quien tenía la facultad de retrasar la implementación del aumento. En este contexto, los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y los Federales de Provincias Unidas presentaron una serie de notas solicitando a Villarruel que tomara la medida de congelar los sueldos por más tiempo.
Pese a que inicialmente Villarruel había argumentado que solo el Senado podía decidir el incremento a través de una votación en el recinto, las presiones tanto del presidente Javier Milei como de sectores de la oposición hicieron que la vicepresidenta reconsiderara su postura. Esta decisión también estuvo influenciada por las duras críticas del dirigente social Juan Grabois, quien arremetió contra los legisladores al cuestionar la moralidad de que recibieran aumentos salariales tan altos, mientras millones de ciudadanos sufren los efectos de la pobreza.
Grabois se mostró especialmente indignado al preguntar en redes sociales si los legisladores “se cagan en el pueblo o si son imbéciles”, y expresó su rechazo al hecho de que los senadores creyeran merecer salarios “100 veces superiores” a los de los trabajadores de la economía popular, haciendo referencia a los bajos ingresos de muchos sectores vulnerables.
La prórroga del congelamiento ha aliviado momentáneamente las tensiones en la política, aunque persiste el debate sobre los altos salarios de los funcionarios públicos en un país que sigue atravesando una profunda crisis económica. Las decisiones tomadas en las próximas semanas podrían generar aún más repercusiones en la opinión pública y en el clima político, en un contexto en el que la economía sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y la ciudadanía.
