El Ministerio de Salud de la Nación fue apartado de su rol de querellante en la investigación por el caso de fentanilo contaminado, luego de que la Justicia determinara que la propia cartera podría tener responsabilidades en los controles que recaen bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien además ordenó la detención de los dueños y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados como los principales responsables en la distribución de la sustancia adulterada.
Con esta medida, el Ministerio deja de intervenir como parte acusadora en la causa y quedará bajo la lupa judicial para determinar si existieron fallas o negligencias en los mecanismos de fiscalización que hubieran permitido la circulación del fentanilo contaminado.
