La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo con la negativa a declarar de dos imputados clave: Luciana Ferrari y Federico Santich. Ambos están señalados por el fiscal federal Franco Picardi como parte de la estructura que operó entre 2018 y 2019 bajo la conducción de Pablo Atchabahian, exdirector del organismo, hoy detenido.
Ferrari, quien durante aquella gestión se desempeñó como directora de Prestaciones Médicas y actualmente trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I., optó por no prestar declaración indagatoria. Sin embargo, la fiscalía la ubicó en un rol central dentro del engranaje investigado. Picardi la definió como una “operadora externa” que, pese a no estar formalmente designada en ANDIS, cumplía órdenes directas de Atchabahian y de Daniel María Garbellini, ex mano derecha de Diego Spagnuolo dentro del organismo.
Según la acusación, Ferrari actuaba de manera paralela a sus funciones en Roche. El fiscal detalló que gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS para impulsar compulsas, accedía a información anticipada sobre compras de prestaciones PACBI y compartía datos sensibles sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Garbellini. Todo ese accionar —aseguró Picardi— se desarrollaba con un usuario del SIIPFIS provisto por Garbellini y en contacto permanente con él, incluso mediante pedidos de “ayudas” canalizados por Atchabahian.
Otro de los imputados que también se negó a declarar fue Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, firma vinculada a Profarma S.A., empresa allanada en el marco de la investigación y con la que mantenía lazos comerciales el empresario Miguel Calvete, ya condenado en otra causa. La fiscalía incorporó al expediente mensajes que, según Picardi, muestran la relación directa entre Santich y Calvete, además de transferencias millonarias destinadas a Profarma S.A.
El fiscal agregó que Santich utilizaba la contraseña de Lorena Di Giorno —ex empleada de ANDIS y también imputada— para ingresar de manera irregular al sistema SIIPFIS, lo que, según la acusación, expone la profundidad de las maniobras internas para direccionar prestaciones y compras.
La investigación avanza mientras crece la expectativa por nuevas indagatorias y medidas procesales que podrían comprometer aún más a la red de funcionarios y empresarios involucrados.
