El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el territorio argentino. El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín por la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma de su titular, Santiago Castro Videla, al considerar que la decisión “causa agravio al Estado Nacional”.
La sentencia había sido dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró la nulidad del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la ejecución inmediata de la ley, cuya vigencia se extiende hasta fines de 2027. Para el magistrado, los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias.
Desde el Poder Ejecutivo cuestionaron el fallo al entender que interfiere con atribuciones propias del Gobierno, al obligar a efectuar un gasto sin definir las fuentes de financiamiento. Según argumentaron, la ley fue aprobada sin contemplar los recursos necesarios para su implementación, lo que pondría en riesgo la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal.
El juez concedió la apelación “con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo seguirá vigente mientras la Cámara revisa el caso, y otorgó un plazo de cinco días al Estado para fundamentar el recurso. En paralelo, el Ejecutivo reiteró que la Justicia se inmiscuye en la elaboración del presupuesto, una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y del Congreso.
La causa se originó a partir de un amparo presentado por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, quienes denunciaron el impacto de la suspensión de la ley en tratamientos y servicios esenciales. En su resolución, el juzgado también recordó los compromisos asumidos por la Argentina en tratados internacionales de derechos humanos.
La decisión final sobre la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
