El Gobierno nacional intensifica su postura frente a los reclamos de los mandatarios provinciales mientras se prepara para una nueva prórroga del Presupuesto 2023. Según fuentes oficiales, las exigencias de los gobernadores representarían un impacto fiscal de $3700 millones para el Tesoro, lo que, según el Ejecutivo, “generaría déficit” en las cuentas públicas.
La Casa Rosada mantiene su estrategia de resistencia frente a las demandas provinciales, entre las que destacan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, que ascienden a $293.000 millones, y el financiamiento de cajas jubilatorias, que implican otros $322.000 millones. A estas solicitudes se suman la reducción de aportes tras la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las compensaciones pendientes del consenso fiscal de 2017, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, entre otros.
Un diálogo trabado y sin acuerdo a la vista
Pese a semanas de conversaciones, tanto el Ejecutivo como los gobernadores admiten que no se ha logrado un acercamiento significativo en las negociaciones. La Casa Rosada sostiene que no puede satisfacer todas las demandas planteadas por las provincias.
En este contexto, áreas clave del Gobierno ya están proyectando presupuestos para programas de 2025 sin tener en cuenta los límites establecidos en el proyecto de ley original. Según trascendió, la Secretaría de Hacienda, liderada por Carlos Guberman, ha sido fundamental en la gestión de fondos, y ayer mantuvo reuniones con el asesor Santiago Caputo para planificar posibles escenarios.
Desde el círculo cercano al presidente Javier Milei se refuerza la postura de prolongar la prórroga del presupuesto actual, argumentando que esto permitirá manejar la distribución de fondos con mayor flexibilidad. Además, los sectores más ortodoxos del Ejecutivo sostienen que la falta de un nuevo presupuesto “no afecta la toma de crédito internacional”.
Condiciones para convocar a sesiones extraordinarias
La mesa chica del Ejecutivo ha condicionado la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso al logro de un acuerdo avanzado con las provincias antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario de sesiones.
Sin embargo, las tensiones entre las partes también impactaron el trabajo legislativo. Ayer, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, anunció la suspensión de una reunión prevista para las 15 horas. Fuentes del oficialismo aseguraron que no se convocará a nuevas reuniones en comisión mientras no haya consenso con la oposición.
Un panorama incierto
El escenario actual evidencia la creciente dificultad del Gobierno para coordinar con las provincias y evitar conflictos presupuestarios a largo plazo. Con una fecha límite cercana y sin acuerdos significativos, la posibilidad de extender la prórroga del Presupuesto 2023 parece ser el camino más probable, lo que reforzaría el control del Ejecutivo sobre la distribución de recursos y postergaría la discusión de un nuevo plan financiero.
