En un nuevo gesto simbólico, el gobierno libertario ha ordenado el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la ANSES, ubicadas en la calle Paseo Colón, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la encargada de informar sobre la medida, que se suma a otras acciones similares, como el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), ahora denominado Palacio Libertad.
Una política de "deskirchnerización"
La medida de retirar el busto de Kirchner responde a la política de deskirchnerización impulsada por el gobierno de Javier Milei. El subsecretario de Prensa Nacional, Javier Lanari, destacó en redes sociales que “en los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas”. En ese sentido, subrayó que la decisión tomada en la ANSES es la correcta. Por su parte, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, expresó que si Néstor Kirchner estuviera vivo, también estaría condenado por sus actos, aludiendo a su presunta complicidad en hechos de corrupción.
Antecedentes de la medida
El retiro de bustos y símbolos kirchneristas no es un hecho aislado. En febrero de este año, la Victoria Villarruel había ordenado el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias en el Congreso de la Nación. Esta medida generó un fuerte rechazo entre los legisladores de Unión por la Patria, quienes defendieron el legado histórico de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti criticó la acción, afirmando que aunque se retire el busto, Kirchner “siempre tendrá su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”. A su vez, la vicepresidenta respondió que la decisión fue tomada porque Néstor Kirchner no fue senador ni vicepresidente, y consideró que debía haber igualdad en los espacios públicos.
El retiro de símbolos kirchneristas
La política de "deskirchnerización" también se ha reflejado en la retirada de otros símbolos vinculados al kirchnerismo. Apenas asumió el nuevo gobierno, Javier Milei ordenó la remoción de la imagen de Néstor Kirchner que se encontraba en la entrada del Centro Cultural Kirchner (CCK), una medida que formaba parte de su propuesta para erradicar los vestigios del gobierno de los Kirchner en los espacios públicos.
La polémica sobre las jubilaciones de privilegio
El retiro del busto de Néstor Kirchner se produce en un contexto donde también se han tomado medidas contra las jubilaciones de privilegio. A tan solo 24 horas de este anuncio, Manuel Adorni, vocero presidencial, reveló que el gobierno había decidido retirar la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner, quien, según la nueva gestión, no cumpliría con los requisitos de honor, mérito y buen desempeño en el cargo tras ser condenada por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Desde el gobierno sostienen que la asignación de pensiones a ex presidentes y ex vicepresidentes es un privilegio que no debería existir, especialmente cuando se trata de figuras condenadas por corrupción. Adorni enfatizó que durante la gestión de Milei, el país no destinará fondos a personas vinculadas con actos de corrupción, y resaltó que la política busca restablecer la “cordura” en la gestión pública.
La ley 24.018, que otorga pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes, ha sido objeto de controversia. Según un informe publicado por Infobae, el Estado paga actualmente nueve pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes, y cuatro pensiones adicionales a viudas y familiares de exmandatarios. Estas pensiones oscilan entre los $5 millones y $21 millones, con el caso de Cristina Kirchner destacándose por recibir dos asignaciones debido a su doble rol, como ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner.
La medida de retirar el busto de Néstor Kirchner y las decisiones sobre las jubilaciones de privilegio muestran una postura firme del gobierno de Milei en su objetivo de distanciarse del legado del kirchnerismo, buscando generar un cambio en la representación política e institucional del país. Sin embargo, la polémica está lejos de resolverse, y el impacto de estas acciones sigue siendo objeto de debate entre distintos sectores de la política y la sociedad.
