El presidente Javier Milei vetó tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban mejoras para jubilados, extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad, argumentando que resultan inviables desde el punto de vista fiscal.
La decisión recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional, que consideró las medidas como un paso clave para “preservar los objetivos fiscales y la sostenibilidad del sistema previsional”. La postura del Gobierno se alinea con el acuerdo firmado con el organismo, que incluye un rescate por US$ 20.000 millones y exige una política de ajuste del gasto público para liberar los próximos desembolsos.
La oposición reaccionó con dureza, asegurando que las leyes vetadas beneficiarían a más de 220.000 personas, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad. El bono mensual para jubilaciones mínimas y el acceso a la moratoria representaban un alivio frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Por su parte, desde el oficialismo aseguran que las iniciativas, aunque bien intencionadas, implicarían un costo fiscal insostenible, y destacan que la prioridad es garantizar la estabilidad macroeconómica y la disciplina del gasto público.
El veto generó repercusiones tanto a nivel político como social, con movilizaciones de jubilados y organizaciones de personas con discapacidad que exigen la revisión de la medida.
