Una mujer identificada como E.E.S. fue imputada por la Justicia tras ser acusada de someter a la servidumbre a la cuidadora de su madre en Rosario. Aunque la víctima y la adulta mayor residían en esa ciudad, la imputada vivía en Los Ángeles, Estados Unidos, desde donde administraba el domicilio y controlaba el día a día de la trabajadora.
La Unidad Fiscal de Rosario formalizó la investigación bajo la figura de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. De acuerdo con la acusación, la víctima trabajó durante 22 años sin ningún derecho laboral: no recibía remuneración, no tenía descansos, vacaciones, aguinaldo, cobertura de salud ni aportes previsionales. Además, cumplía jornadas completas sin poder retirarse del domicilio.
La joven, actualmente de 37 años, había sido captada en Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando tenía apenas 14 años, para realizar tareas domésticas en una vivienda del barrio Martín. La hipótesis fiscal indica que la explotación se extendió hasta octubre del año pasado, cuando un allanamiento realizado por la Policía Federal y equipos de Acompañamiento a Víctimas y de Derechos Humanos permitió detener la situación.
E.E.S. participó de la audiencia imputativa por videollamada desde los Estados Unidos, acompañada por su defensor, el abogado Gustavo Feldman. La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, además del acompañamiento de profesionales en psicología y antropología.
La acusación sostiene que la imputada ejercía un control directo sobre la víctima: contaba con cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y le había entregado un celular para supervisar que permaneciera dentro del domicilio. Aunque la Fiscalía no atribuyó a E.E.S. la totalidad de los 22 años de explotación, sí destacó que existen conductas penalmente relevantes, ya que desde 2022 hasta 2025 la mujer “subrogó” el rol de su madre en la administración del hogar y, por lo tanto, tenía la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre.
La causa continúa en investigación mientras la víctima recibe acompañamiento interdisciplinario y la Justicia define los próximos pasos procesales.
