La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su respaldo a la creación de una tarifa eléctrica diferencial destinada a las zonas cálidas y muy cálidas del país, con especial atención en las provincias del Norte argentino.
La posición fue expresada a través de un documento que también lleva la firma del Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, y plantea la necesidad de reconocer las particulares condiciones climáticas que atraviesan las regiones donde las altas temperaturas obligan a incrementar el consumo de electricidad.
Sin embargo, la entidad cuestionó que la implementación de este beneficio quede vinculada a una eventual reducción del Régimen de Zona Fría, que contempla beneficios sobre las tarifas de gas para determinadas regiones del país.
La pobreza energética, en el centro del reclamo
Uno de los principales conceptos incorporados por ADPRA es el de “pobreza energética”. La organización advirtió que el aumento sostenido de las tarifas de los servicios públicos genera una presión cada vez mayor sobre los presupuestos familiares.
Según el planteo, para los hogares de menores ingresos el pago de las facturas de electricidad y gas comienza a competir directamente con otros gastos básicos, entre ellos la alimentación.
En este contexto, la entidad considera que establecer una tarifa diferencial para las provincias sometidas a temperaturas elevadas representa una “deuda histórica” con esas regiones.
El argumento es que, en buena parte del Norte argentino, el consumo eléctrico destinado a la refrigeración no responde a una decisión vinculada al confort, sino a una necesidad derivada de las condiciones climáticas extremas.
Piden que el beneficio sea establecido por ley
ADPRA también expresó reparos sobre el mecanismo previsto para poner en marcha el nuevo esquema tarifario. De acuerdo con el documento, la tarifa diferencial para las zonas cálidas quedaría condicionada a la aprobación de una reforma del régimen de subsidios al gas correspondiente a las zonas frías y posteriormente sería implementada mediante una resolución de la Secretaría de Energía.
Frente a esta situación, los defensores del pueblo reclamaron que la tarifa especial sea establecida por ley y con carácter permanente, para evitar que su continuidad dependa exclusivamente de decisiones administrativas.
Además, solicitaron que las zonas alcanzadas sean determinadas mediante criterios técnicos y bioclimáticos objetivos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de cada región.
Otro de los puntos centrales es que el nuevo beneficio no sea financiado mediante una reducción de las ventajas que actualmente reciben los usuarios incluidos en el Régimen de Zona Fría.
Rechazo a una disputa entre regiones
La asociación sostuvo que no debería instalarse una lógica de enfrentamiento entre las provincias cálidas y las regiones beneficiadas por la Zona Fría.
Desde su perspectiva, ambos esquemas responden a necesidades concretas derivadas del clima: mientras en determinadas provincias el consumo energético aumenta durante los períodos de bajas temperaturas por la necesidad de calefacción, en el Norte ocurre algo similar durante el verano debido al uso de equipos de refrigeración.
Por eso, ADPRA considera que no corresponde quitar beneficios a unas familias para otorgárselos a otras. La entidad busca que ambos regímenes puedan coexistir dentro de una política energética integral.
El planteo también toma en cuenta la ampliación del Régimen de Zona Fría aprobada en 2021, cuya modificación, según ADPRA, debería ser discutida en el Congreso y acompañada de un análisis previo de su impacto sobre los usuarios.
Reclaman mantener los beneficios actuales
Mientras se discuta un eventual nuevo esquema integral, la organización pidió que se mantengan las condiciones vigentes para los usuarios alcanzados por los distintos regímenes.
En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación debería contar con tratamiento legislativo, evaluación de impacto y criterios transparentes que permitan determinar quiénes deben acceder a los beneficios.
El objetivo, según ADPRA, es evitar que un derecho de fuerte impacto social quede sujeto a una negociación política circunstancial o a una resolución administrativa que pueda ser modificada posteriormente.
El costo de los servicios, otra preocupación
El documento también expresa preocupación por el fuerte incremento registrado en los costos de los servicios públicos durante los últimos años.
ADPRA señaló que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la canasta de servicios tuvo aumentos que, según su análisis, superaron a la inflación y generaron una mayor incidencia de las facturas energéticas sobre los ingresos de los hogares.
En ese escenario, la entidad considera que la discusión sobre las tarifas diferenciales debe formar parte de una política que contemple las características climáticas y económicas de cada región.
Para el Norte argentino, el reclamo apunta a que el uso intensivo de electricidad durante los meses de calor sea reconocido como una necesidad básica y no como un consumo extraordinario, sin que ello implique trasladar el costo a las familias que actualmente cuentan con beneficios por vivir en zonas frías.


















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