Un verdadero escándalo de proporciones mayúsculas sacude al sistema educativo de la vecina provincia de Salta. Dos mujeres fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de liderar una organización dedicada a la falsificación y venta de certificados docentes apócrifos, un fraude diseñado para que los educadores sumaran puntaje de manera ilegal y obtuvieran mejores cargos.
La investigación, impulsada por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, derivó en múltiples allanamientos en las localidades de Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Allí, las autoridades lograron secuestrar abundante documentación y efectivizar la detención de las sospechosas.
Según se constató, la banda operaba tanto en el norte como en el sur salteño y había logrado extender sus ramificaciones hasta la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.
El "tarifario" en Facebook
El modus operandi descubierto por los investigadores delata una operatoria impune. La captación de los "clientes" se realizaba a través de la red social Facebook, mediante perfiles falsos denominados “Cursos Educar” o bajo el seudónimo de “Ana Guzmán”.
A través de esos contactos, la organización ofrecía diplomaturas y postítulos supuestamente avalados por instituciones reales (como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro) que otorgaban valioso puntaje docente. Quienes accedían al fraude abonaban sumas que oscilaban entre los $95.000 y los $360.000. A cambio, recibían los certificados en un simple archivo PDF, con firmas y sellos escaneados.
Lo más grave del caso se desprende de los chats incorporados a la causa: varios de los educadores involucrados reconocieron abiertamente que no cursaban ni rendían ningún tipo de evaluación, sino que "compraban" directamente el puntaje con pleno conocimiento de la irregularidad.
Un daño institucional masivo
La pesquisa se había iniciado en diciembre de 2025 a raíz de una denuncia formal del Ministerio de Educación salteño. El secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, brindó cifras alarmantes sobre el alcance del fraude: tras auditar 292 unidades educativas, se detectaron 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y un total de 237 docentes involucrados.
El funcionario calificó los hechos de "extrema gravedad", ya que se asignaron cargos con documentación inexistente, afectando la base de datos compartida por las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario.
De hecho, la investigación ya confirmó que al menos 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito de manera fraudulenta, y nueve de ellos llegaron a acceder a horas cátedra arrebatándole el lugar a quienes competían de forma lícita.
