Una familia que compró una camioneta 4x4 0 km en 2020 recibirá una indemnización millonaria luego de que la Justicia de Mar del Plata determinara que el vehículo presentó fallas mecánicas reiteradas que no fueron solucionadas de manera definitiva.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata condenó solidariamente al fabricante y a dos concesionarias involucradas en la venta y reparación del vehículo. En total, deberán pagar $59.280.458,50, además de una multa civil por daño punitivo y la publicación del fallo en medios locales.

Una camioneta nueva que comenzó a fallar

El vehículo había sido adquirido por un hombre de 50 años y una mujer de 43 en una concesionaria oficial de Mar del Plata por $4.420.000. La unidad estaba destinada tanto al uso familiar como laboral.

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Sin embargo, apenas unos meses después de la compra comenzaron los problemas. De acuerdo con la causa judicial, durante los primeros tres años se registraron cuatro desperfectos importantes relacionados con el sistema de inyección y alimentación de combustible.

El primer episodio ocurrió en abril de 2021, cuando la camioneta tenía apenas cinco meses de uso y había recorrido 10.520 kilómetros. En aquella oportunidad se produjo una pérdida de combustible.

En agosto de 2022, con 39.337 kilómetros, el motor volvió a presentar inconvenientes y llegó a apagarse, por lo que fue necesario reemplazar un inyector. Un mes después se produjo una nueva falla que obligó a cambiar otros tres inyectores.

El último episodio ocurrió en julio de 2023, durante un viaje familiar por una ruta nacional. El vehículo ingresó en “modo emergencia”, lo que obligó a sus ocupantes a regresar a baja velocidad y modificar sus planes.

El vehículo estuvo 91 días fuera de servicio

Uno de los elementos considerados por la Justicia fue el tiempo durante el cual la camioneta permaneció en talleres oficiales. En total, estuvo 91 días fuera de servicio como consecuencia de las distintas reparaciones.

Los propietarios cuestionaron además que nunca recibieron una explicación técnica suficiente sobre el origen de las fallas ni una solución que permitiera evitar nuevos episodios.

Según señalaron durante el proceso, tampoco se les proporcionó un vehículo sustituto ni se documentó un análisis que permitiera determinar la causa de los desperfectos.

La Justicia cuestionó las reparaciones

Las empresas demandadas reconocieron haber intervenido en diferentes etapas de la venta, garantía y reparación del vehículo, pero rechazaron que existiera un defecto recurrente y cuestionaron la responsabilidad solidaria.

El tribunal, sin embargo, entendió que la operación debía analizarse como un conjunto y bajo las normas de defensa del consumidor.

La pericia mecánica incorporada al expediente resultó determinante. Según el fallo, los reemplazos de piezas no estuvieron acompañados por un diagnóstico causal documentado que permitiera garantizar que el problema había sido solucionado.

Para el juzgado, la red oficial realizó un tratamiento “sintomático y repetitivo”, sin lograr determinar ni corregir definitivamente el origen de las fallas.

El tiempo del consumidor también fue considerado un daño

La sentencia destacó que la compra de un vehículo implica no solo recibir un producto que funcione, sino también contar con confiabilidad, respaldo técnico y seguridad.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que el tiempo que una persona pierde por las reiteradas reparaciones también forma parte de la utilidad que esperaba obtener del bien adquirido.

La Justicia también aplicó el principio de carga probatoria dinámica, al considerar que las empresas se encontraban en mejores condiciones para aportar la información técnica necesaria para explicar el origen de las fallas.

Finalmente, el tribunal determinó la responsabilidad solidaria de las tres empresas y estableció una indemnización que supera los $59 millones, además de la sanción por daño punitivo y la obligación de publicar la resolución.