Un verdadero calvario de reclamos que duró casi una década llegó a su fin en la provincia de Buenos Aires. La Justicia falló a favor de un usuario que compró un teléfono celular defectuoso y condenó a toda la cadena de comercialización a pagar una histórica indemnización de 11 millones de pesos.
La historia comenzó el 2 de enero de 2016. El cliente, identificado en la causa judicial como F.I.B., compró un equipo Samsung A3 en un local representante de la firma Telecom. En ese mismo acto, solicitó la portabilidad de su línea. Al momento de la entrega, los vendedores le dieron el teléfono apagado con la excusa de que no tenía batería y le indicaron que debía cargarlo en su domicilio.
Un calvario técnico y burocrático
Al llegar a su casa, el hombre descubrió que el equipo jamás inició la carga. De inmediato regresó al local y logró que se lo cambiaran por otro del mismo modelo. Si bien este segundo dispositivo encendía, presentaba ruidos constantes, se tildaba sistemáticamente y la batería se agotaba a los pocos minutos.
Cuando acudió al servicio técnico oficial para hacer valer la garantía, le informaron que el equipo no estaba registrado a su nombre y le entregaron un teléfono temporal de repuesto que tampoco funcionaba correctamente. A partir de ese momento, el cliente inició una extensa ruta de reclamos formales ante el local, la prestadora del servicio telefónico, la empresa fabricante y la Oficina del Consumidor, obteniendo únicamente rechazos y evasivas.
El contundente fallo judicial
Tras largos años de litigio, el juez Bernardo Diez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº12, dictó una sentencia ejemplar. Las pericias informáticas y contables realizadas durante el proceso confirmaron todas las denuncias del usuario y demostraron científicamente que el primer equipo nunca funcionó.
El magistrado rechazó de plano los intentos de las empresas por evadir su responsabilidad y determinó que existió una clara violación a los derechos del consumidor, falta de información y abuso de posición dominante.
Por este motivo, el juez condenó solidariamente al local vendedor, a la empresa de telefonía y al fabricante del aparato a pagarle al cliente un monto que, sumado a los intereses acumulados y al equivalente de tres canastas básicas, alcanza los 11 millones de pesos en concepto de daño moral y gastos concretos.
