La Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a un colegio privado y a su representante legal a pagar una millonaria indemnización tras comprobar que incurrieron en prácticas discriminatorias contra un alumno con trastorno del espectro autista (TEA), obstaculizando durante años su acceso a un acompañante terapéutico.
La demanda fue impulsada por la madre del menor, quien denunció que la institución educativa obstaculizó durante años la incorporación de un acompañante terapéutico, a pesar de contar con informes médicos y recomendaciones profesionales que respaldaban la necesidad de ese recurso.
Según determinó el tribunal, la escuela se negó reiteradamente a firmar la documentación requerida para que la obra social autorizara la cobertura del acompañante, lo que provocó demoras y dificultades que terminaron afectando el proceso educativo del niño.
La resolución judicial señaló que la conducta de la institución incluyó la imposición de requisitos administrativos injustificados, cuestionamientos al diagnóstico y hasta sugerencias para que el estudiante asistiera a una escuela de educación especial.
Uno de los puntos que pesó en la decisión fue que, tras cambiar de establecimiento educativo, la familia logró concretar el trámite para contar con el acompañamiento terapéutico en apenas un mes, luego de haber intentado sin éxito durante varios años en el colegio demandado.
El juez consideró que existió una “exclusión encubierta” y sostuvo que la institución incumplió con los ajustes razonables necesarios para garantizar una educación inclusiva, vulnerando derechos protegidos por leyes nacionales y tratados internacionales.
Además, durante el proceso se incorporaron informes de organismos especializados que respaldaron la postura de la familia y señalaron la existencia de conductas discriminatorias.
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La indemnización
La sentencia reconoció daños psicológicos sufridos por la madre a raíz de la situación atravesada por su hijo y fijó una compensación de $8 millones, además de $1.224.000 destinados a cubrir un tratamiento terapéutico recomendado por los peritos.
Por otra parte, el fallo también contempló el daño moral sufrido por el niño debido a las dificultades que enfrentó en su trayectoria escolar y al cambio de institución educativa, otorgándole una indemnización de $3 millones.
De esta manera, la suma total establecida por la Justicia asciende a $15.224.000, a lo que deberán agregarse los intereses correspondientes.
El tribunal también dispuso que tanto el colegio como su representante legal respondan de manera solidaria por los daños ocasionados y afronten las costas del proceso judicial.
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