El escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo clave en los tribunales federales. En el marco de la causa que investiga el delito de enriquecimiento ilícito, dos de las cuatro acreedoras del cuestionado préstamo hipotecario declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo para intentar justificar el origen de los dólares.
Las testigos centrales de este expediente son Graciela Isabel Molina, una comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria María José Cancio, quien también integra la fuerza. Ambas figuran como las prestamistas que le entregaron 100.000 dólares en efectivo a Adorni para financiar la compra de un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Dólares en efectivo y sin conocerse
Durante su testimonio, las mujeres confirmaron la entrega del dinero físico y detallaron su procedencia. Molina justificó el aporte del 85% del monto a través del cobro de un juicio sucesorio y litigios laborales de su difunto esposo contra la Policía. Por su parte, Cancio aseguró que cubrió el 15% restante con ahorros personales y el cobro de alquileres.
El dato que mayor suspicacia genera en los investigadores es que ambas testigos coincidieron en que no conocían previamente al jefe de Gabinete. El contacto se gestó a través de una escribana y la comisaria retirada admitió que mantuvo un único encuentro personal con el funcionario apenas un día antes de concretar la millonaria operación.
El crédito se pactó a dos años con una tasa del 11% anual. Las prestamistas indicaron que Adorni ya devolvió 30.000 dólares del capital y que abona los intereses mensuales, mientras que los 70.000 restantes vencen en noviembre de este año. Para verificar esta versión, la Justicia le ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el levantamiento del secreto fiscal de las mujeres y exigió la entrega de sus teléfonos celulares.
Más sospechas inmobiliarias
La investigación judicial no se detiene en Parque Chacabuco. El fiscal Pollicita también indaga una segunda operación inmobiliaria en Caballito, donde Adorni adquirió un departamento mediante otro esquema de financiación privada. En ese caso, el funcionario pagó 30.000 dólares al momento de la escritura y contrajo una deuda de 200.000 dólares a cancelar en noviembre, llamativamente sin ningún tipo de interés.
En paralelo, este expediente, que inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, avanza sobre otra grave acusación por dádivas: un viaje en avión privado a Punta del Este que financió el empresario y periodista Marcelo Grandío. Con la incorporación de estas pruebas digitales y testimoniales, la Justicia define el futuro procesal de una de las figuras más importantes de la administración libertaria.
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