El cerco judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas que financió la compra del departamento en Caballito, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y expuso una deuda no documentada de 65.000 dólares que el jefe de Gabinete mantiene mediante un simple "acuerdo de palabra".
Feijoo, quien además es amigo del funcionario libertario, ofició como intermediario de la operación inmobiliaria. En su testimonio, blanqueó que el costo real de la propiedad ascendió a 295.000 dólares, una cifra que difiere de los montos oficiales. El esquema de pago se dividió en tres partes: 30.000 dólares entregados en efectivo, 200.000 dólares correspondientes a la hipoteca sin interés otorgada por las jubiladas, y los 65.000 dólares adeudados por refacciones.
El testigo reconoció ante la Justicia que este último saldo millonario carece de cualquier tipo de respaldo documental y no tiene una fecha límite de pago. La declaración surgió tras la insistencia del fiscal, quien detectó serias inconsistencias frente al testimonio previo de Natalia Rucci, la dueña de la inmobiliaria interviniente. La corredora afirmó bajo juramento que el valor de mercado del inmueble alcanzaba los 345.000 dólares, muy por encima de los 230.000 registrados en la transacción formal.
Para justificar la operación, Feijoo aseguró que su madre, Beatriz Viegas, y su socia, Claudia Sbabo, se dedican a la compra, remodelación y venta de inmuebles, obteniendo así ganancias rápidas. Ambas mujeres figuran como acreedoras de la hipoteca a favor de Adorni, la cual establece un insólito plazo de devolución de un año sin ningún tipo de interés financiero.
Avanza la pista del country Indio Cua
En paralelo al escándalo de Caballito, la fiscalía rastrea la trazabilidad de otras propiedades vinculadas al funcionario para determinar si existe enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en una casa ubicada en el country Indio Cua, registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.
Para esclarecer el origen de los fondos utilizados en las mejoras de esta segunda vivienda, la Justicia citó a declarar al contratista Matías Tabar y al exdueño de la propiedad, Juan Ernesto Cosentino, quienes deben presentarse en los tribunales de Comodoro Py a fines del mes de abril.
