El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir la estructura estatal. La medida quedó establecida mediante el decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, aunque el plazo podrá extenderse una única vez por hasta 30 días. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 20.000 trabajadores estarían en condiciones de solicitar la desvinculación.
El esquema contempla diferentes modalidades de compensación, de acuerdo con la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad laboral. En determinados casos, el beneficio podrá alcanzar el equivalente a 25 remuneraciones. Para algunos empleados próximos a jubilarse, se prevé la posibilidad de cobrar el 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
La iniciativa forma parte de la política de reducción del empleo estatal impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El decreto también lleva la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Además, quienes accedan al beneficio no podrán volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación.
Quiénes pueden acceder al retiro voluntario
El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
La medida comprende dependencias de la Administración Pública Nacional centralizada del Poder Ejecutivo, como Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías.
Quedan excluidos los contratados transitorios, los empleados de organismos descentralizados —entre ellos, la ANSES—, el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Servicio Exterior y otros sectores contemplados en la normativa.
Tampoco podrán acceder determinados agentes que estén procesados por delitos contra la administración pública o que afronten sumarios susceptibles de derivar en sanciones como cesantía o exoneración, entre otras situaciones previstas por el decreto.
La normativa también establece restricciones para trabajadores en disponibilidad, con una renuncia pendiente de aceptación o que se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
Quienes tengan demandas judiciales o reclamos administrativos relacionados con su vínculo laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para adherirse, salvo las excepciones previstas para reclamos vinculados con la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cómo serán las compensaciones
El decreto establece tres grupos de beneficiarios, con diferentes alternativas de pago.
Grupo 1: trabajadores próximos a jubilarse sin los aportes necesarios
Incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no reúnan los aportes requeridos para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación por única vez o el cobro del 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
Grupo 2: trabajadores con al menos 30 años de aportes
Comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que cuenten con al menos 30 años de aportes jubilatorios. Para este grupo se prevé una gratificación de hasta 18 sueldos, más cinco remuneraciones adicionales.
Grupo 3: trabajadores de menor edad
Incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación consistirá en un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de servicio o de cinco para quienes acumulen 15 años o más.
De acuerdo con este esquema, el monto total podrá llegar al equivalente de 25 salarios.
La solicitud no garantiza la aprobación
La presentación del pedido no implica la aceptación automática del retiro. Las autoridades de cada jurisdicción deberán analizar las solicitudes y podrán rechazarlas si consideran que la desvinculación afecta el funcionamiento o la prestación de los servicios públicos.
El plazo para resolver será de 40 días corridos, contados desde el día hábil siguiente al cierre de la inscripción. Si no se comunica una aceptación expresa dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.


















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