El Gobierno nacional intensificó las conversaciones con gobernadores y distintos bloques de la Cámara de Diputados para reunir respaldos al DNU 70/2023, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 de la norma, referido a la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La resolución del máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover la demanda y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Con la decisión judicial, la derogación continúa vigente.
El oficialismo busca contener el rechazo en Diputados
Frente a este escenario, el Gobierno mantiene conversaciones con sectores del PRO, bloques dialoguistas y gobernadores para sostener el decreto en la Cámara baja.
El DNU ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero continuó vigente debido a que Diputados no adoptó una decisión en el mismo sentido. Ahora, distintos bloques opositores buscan llevar el decreto al recinto mediante una sesión especial.
Entre los sectores que participan de las conversaciones para avanzar con el tratamiento se encuentran Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, además de algunos bloques provinciales. Para iniciar una sesión especial se necesitan 129 diputados.
Los bloques opositores analizan solicitar la sesión para el 7 o el 14 de octubre, con el objetivo de tratar el rechazo del DNU 70/2023.
Una discusión que excede la Ley de Tierras
La discusión parlamentaria alcanza a todo el DNU, que incluye modificaciones en distintas áreas de la economía y la legislación. Por ese motivo, el oficialismo busca diferenciar el debate sobre la adquisición de tierras rurales del resto de las disposiciones incluidas en el decreto.
En paralelo, sectores del Gobierno analizan alternativas legislativas para incorporar restricciones específicas sobre las tierras rurales a través de otros proyectos que se encuentran en el Congreso.
El escenario quedó abierto luego del fallo de la Corte Suprema, que restableció los efectos del artículo 154 pero dejó expresamente fuera de su análisis la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.


















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