El Gobierno nacional confía en lograr este jueves la aprobación en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de eliminar del proyecto el capítulo que proponía cambios en la normativa sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los puntos que más resistencia había generado entre sectores opositores, bloques dialoguistas y gobernadores.

La decisión se tomó después de una serie de negociaciones encabezadas por la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto con representantes de la UCR, el PRO y espacios provinciales. El objetivo fue retirar el artículo más conflictivo y garantizar las condiciones políticas para que la sesión pudiera avanzar.

Desde el oficialismo sostienen que, con la salida del capítulo referido a tierras, se redujeron las principales objeciones al proyecto y que ahora cuentan con un escenario más favorable para conseguir la aprobación del resto de la iniciativa. Si bien evitaron adelantar una cifra concreta de apoyos, aseguran que las conversaciones con distintos sectores permitieron acercar posiciones.

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La modificación que finalmente quedó fuera del texto buscaba flexibilizar las restricciones actuales para que ciudadanos y empresas extranjeras pudieran adquirir tierras rurales. La propuesta original planteaba eliminar los límites vigentes, aunque luego el Gobierno había analizado una alternativa intermedia que elevaba el tope permitido del 15% al 25% por provincia. Sin embargo, la falta de consenso llevó al oficialismo a retirar el capítulo completo.

Los principales cambios que mantiene el proyecto

Pese a la eliminación del apartado sobre tierras, la iniciativa conserva otros puntos considerados centrales por el Ejecutivo. Entre ellos se encuentran modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en los procedimientos de desalojo, reformas vinculadas a la Ley de Manejo del Fuego y medidas destinadas a modernizar los registros de propiedad.

En relación con las expropiaciones, el proyecto establece mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado, exigiendo que la declaración de utilidad pública esté fundamentada y que la medida sea necesaria y proporcional. Además, plantea cambios en el sistema de compensaciones, incorporando mecanismos de actualización por inflación, intereses y reconocimiento de determinados perjuicios económicos.

Otro de los puntos incluidos apunta a acelerar los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales mediante procedimientos más rápidos, aunque manteniendo la intervención judicial como garantía del proceso.

La propuesta también contempla modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando algunas limitaciones sobre el cambio de uso de terrenos afectados por incendios, aunque conserva la obligación de restaurar ambientalmente las áreas dañadas.

Además, el proyecto incorpora herramientas para digitalizar y modernizar los registros inmobiliarios, con la intención de simplificar trámites y mejorar el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.

La expectativa por la votación en el Senado

Para iniciar el debate, el oficialismo necesita reunir el quórum necesario en la Cámara alta, que requiere la presencia de 37 senadores. Una vez iniciado el tratamiento, la aprobación dependerá de la mayoría simple de los legisladores presentes.

Si el proyecto obtiene media sanción, será enviado a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará continuar con su tratamiento con las modificaciones acordadas. Mientras tanto, en el Ejecutivo analizan impulsar en el futuro una discusión específica sobre la reforma de la Ley de Tierras, separada del resto del paquete de propiedad privada.

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