El Gobierno de Javier Milei decidió no avanzar, al menos por el momento, con la modificación de la Ley de Tierras, después de que el apartado fuera eliminado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante su tratamiento en el Senado.

La decisión se tomó luego de que el oficialismo negociara con sectores de la oposición para evitar que el resto de la iniciativa perdiera respaldo parlamentario. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue una de las principales protagonistas de las conversaciones que terminaron con el retiro del capítulo referido a la propiedad rural.

Según fuentes oficiales, la decisión cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y del presidente Javier Milei. Sin embargo, la falta de consenso entre los aliados parlamentarios y el rechazo generado en distintos sectores llevaron al Ejecutivo a desistir de impulsar la reforma en el corto plazo.

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La modificación había sido elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien volvió a sufrir un revés legislativo luego de que otras iniciativas impulsadas desde su cartera tampoco lograran avanzar como estaba previsto.

Qué proponía el Gobierno

El proyecto buscaba modificar la normativa vigente sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La intención inicial era eliminar las restricciones existentes para la compra de hectáreas destinadas a actividades agropecuarias.

Durante las negociaciones previas se había analizado mantener un límite, aunque elevarlo del actual 15% al 25%. Sin embargo, la propuesta continuó generando resistencia y finalmente el artículo fue retirado del proyecto que obtuvo media sanción en el Senado.

La normativa que el Gobierno pretendía modificar fue sancionada en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y establece límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Desde el entorno de Sturzenegger defendieron la necesidad de revisar esas restricciones y argumentaron que el acceso a la propiedad privada y a la explotación productiva de tierras se encuentra contemplado dentro de las garantías constitucionales.

Pese a estos argumentos, el Ejecutivo decidió no enviar por separado la reforma de la Ley de Tierras y dejar el tema fuera de la agenda legislativa inmediata.

Sturzenegger apunta ahora a nuevas reformas

Tras la decisión, el equipo de Federico Sturzenegger concentra sus esfuerzos en otros proyectos de desregulación que ya se encuentran preparados para su tratamiento parlamentario.

Uno de ellos es el denominado “Hojarasca”, que reúne distintas modificaciones destinadas a eliminar regulaciones consideradas innecesarias por el Gobierno.

Además, el Ministerio de Desregulación terminó en julio un nuevo paquete de reformas compuesto por 349 artículos, con especial énfasis en el mercado inmobiliario, aunque también incluye cambios en otros sectores de la economía.

Entre las propuestas aparecen modificaciones relacionadas con el ejercicio profesional, como la eliminación de la obligatoriedad de determinadas matrículas, la eliminación de aranceles y honorarios mínimos y cambios en los requisitos vinculados con títulos universitarios.

El proyecto también contempla reducir las facultades sancionatorias de los colegios profesionales, eliminar determinadas penalidades por ejercer sin matrícula y flexibilizar las restricciones geográficas para desarrollar actividades profesionales en distintas jurisdicciones.

Otras prioridades para el Congreso

Antes de avanzar con ese paquete de reformas, el Gobierno buscará concentrar su agenda legislativa en otros proyectos.

Entre las prioridades figuran la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, iniciativas que podrían comenzar a ser discutidas en la Cámara de Diputados hacia finales de agosto.

De esta manera, la administración libertaria decidió postergar la reforma de la Ley de Tierras y concentrar sus esfuerzos en aquellas iniciativas que considera con mayores posibilidades de obtener respaldo parlamentario.

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