El Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás con el capítulo referido a la adquisición de tierras por parte de extranjeros dentro del proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de advertir que no contaba con los apoyos suficientes para aprobarlo en el Senado. La decisión fue tomada con el objetivo de evitar una derrota legislativa y preservar el tratamiento del resto del paquete de reformas.

Dentro del oficialismo reconocieron que el debate público terminó concentrándose en la llamada Ley de Tierras, aunque originalmente formaba parte de un proyecto más amplio denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con el paso de las semanas, el apartado relacionado con la compra de terrenos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras se convirtió en el eje principal de la discusión política.

Fuentes cercanas al Gobierno admitieron que la estrategia comunicacional no logró imponer su mirada sobre el tema y que la oposición consiguió instalar una narrativa que generó resistencia en distintos sectores. En ese sentido, señalaron que el contexto político terminó dificultando la aprobación del capítulo, especialmente por las críticas vinculadas a la soberanía sobre los recursos naturales.

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La falta de acuerdos con gobernadores y sectores aliados fue otro de los factores que llevó al oficialismo a retirar la propuesta. Desde el Ejecutivo reconocieron que varios dirigentes no estaban dispuestos a asumir el costo político de acompañar una modificación que permitiera una mayor participación extranjera en la propiedad de tierras rurales.

El proyecto había sido impulsado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como parte de la agenda de reformas del Gobierno. La iniciativa buscaba modificar las restricciones actuales sobre la adquisición de tierras por extranjeros, aunque en las últimas horas el oficialismo había comenzado a moderar su postura inicial.

Una negociación marcada por el debate sobre la soberanía

En los días previos al tratamiento legislativo, el bloque oficialista había analizado distintas alternativas para conseguir respaldo político. Entre ellas, se evaluó permitir que los extranjeros pudieran adquirir hasta el 25% de las tierras de cada provincia, una propuesta que representaba un punto intermedio entre la normativa vigente y la intención original de eliminar los límites.

Sin embargo, las negociaciones no alcanzaron para reunir los votos necesarios. Desde La Libertad Avanza consideraron que el rechazo estuvo impulsado principalmente por la fuerte repercusión pública que tuvo el tema y por la capacidad de distintos sectores opositores de instalar el debate en la agenda nacional.

En el Gobierno intentan separar este episodio de una posible crisis más amplia con sus aliados legislativos y sostienen que se trató de una disputa puntual alrededor de una iniciativa específica. No obstante, algunos dirigentes reconocen que una nueva derrota en el Congreso podría representar una señal de mayores dificultades para avanzar con futuras reformas.

Mientras tanto, el oficialismo continuará con el tratamiento de otros proyectos de su agenda legislativa y buscará avanzar con la Ley de Tierras bajo una nueva estrategia que permita alcanzar acuerdos políticos. El episodio dejó en evidencia que el debate sobre la propiedad de los recursos naturales continúa siendo uno de los puntos más sensibles dentro de la discusión pública argentina.

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