La Justicia federal resolvió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo destinado a que el Ministerio de Capital Humano entregue alimentos a comedores comunitarios. La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a partir de una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La resolución apunta a evitar que el receso judicial interrumpa el cumplimiento de una cautelar ya vigente. Según argumentaron las organizaciones sociales, la paralización de los plazos procesales durante la feria impedía avanzar con las intimaciones ordenadas por el juzgado para relevar e incorporar a 30 comedores a la política alimentaria estatal, lo que agrava la situación de familias en extrema vulnerabilidad que dependen de esos espacios para acceder a alimentos básicos.
Antes de que se confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, señalaron desde la organización. Además, recordaron que, gracias a cautelares anteriores, ya son 72 los comedores que volvieron a recibir asistencia alimentaria tras interrupciones en la provisión oficial.
El pedido fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación. En su intervención, el fiscal destacó que en la ejecución de la medida cautelar está comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y subrayó que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También advirtió que la demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya dispuestas.
Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. Asimismo, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones demandantes para que fijen su postura, antes de definir los próximos pasos procesales.
