Una trabajadora del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de la provincia de Neuquén fue condenada por la Justicia a devolver cuatro millones de pesos que el organismo le transfirió por error a su cuenta bancaria. El juez Martín Peliquero consideró acreditado que la transferencia se produjo por una equivocación administrativa y que la empleada incorporó el dinero a su patrimonio sin ninguna causa legal que lo justificara.
De acuerdo con el expediente judicial, el insólito error ocurrió cuando la Dirección de Tesorería del organismo realizó una transferencia a la cuenta sueldo de la trabajadora debido a una similitud entre nombres, lo que derivó en que los fondos llegaran a la persona equivocada.
Cuando el IPVU se comunicó con la empleada para advertirle sobre la situación, ella respondió inicialmente que desconocía el tema y que se encontraba ocupada. En un segundo contacto telefónico, la mujer manifestó que creía que el dinero provenía de un viejo juicio, reconoció que ya lo había utilizado en su totalidad para comprar un terreno y se negó rotundamente a devolver la millonaria suma.
Registros bancarios y condena
Posteriormente, los registros bancarios demostraron que la mujer realizó extracciones y fuertes movimientos en la cuenta incluso después de saber que la transferencia había sido un error de la provincia. La situación llegó al fuero penal por posible apropiación de dinero ajeno, pero el proceso concluyó con un sobreseimiento luego de que la acusada pagara la multa mínima prevista para ese delito.
Pese a esa resolución, el juez Peliquero avanzó firmemente en el proceso civil. Durante el juicio, la trabajadora (quien fue exonerada de su cargo) argumentó que no actuó con mala intención y que su situación económica de desempleo le impidió devolver el monto de inmediato, solicitando una reducción de los intereses.
En su resolución final, el magistrado encuadró el caso dentro de la figura de enriquecimiento sin causa. La Justicia determinó que el organismo público sufrió una pérdida económica involuntaria y que la empleada recibió un beneficio que no tenía derecho a conservar, por lo que la obligó a restituir los cuatro millones de pesos.
