El Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la jueza Macarena Marta Giménez, rechazó el pedido de suspender de manera inmediata el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 81/2026.
Sin embargo, la magistrada ordenó una serie de informes y medidas de control antes de resolver sobre la cautelar de fondo. La causa fue iniciada por integrantes de la familia Terrero, quienes se presentan como herederos del donante del sable y cuestionan la legalidad del traslado, sosteniendo que la donación realizada a fines del siglo XIX estaba condicionada a que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional y que su traslado afectaría el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural.
Al analizar el pedido de medida interina, la jueza consideró que no se encuentran reunidos los requisitos legales para suspender el traslado y aclaró que, por el momento, no surge acreditado que haya existido una donación con cargo cuyo incumplimiento pueda imputarse al Estado. Además, destacó que el sable no ha permanecido siempre en el museo, ya que entre 1967 y 2015 estuvo bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo sin que ello fuera judicialmente cuestionado.
La resolución remarcó que los actos del Poder Ejecutivo “se presumen legítimos” y que el control judicial debe limitarse a la legalidad y razonabilidad, sin evaluar la oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas.
No obstante, la jueza dispuso avanzar con distintas diligencias:
Solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que en cinco días produzca el informe previo previsto por la Ley 26.854.
Requirió informes al Boletín Oficial, a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, al Regimiento de Granaderos a Caballo y a un instituto universitario especializado, detallando destino, seguridad, conservación y exposición pública del sable.
Intimó a los accionantes a acreditar fehacientemente su vínculo hereditario con el donante, al considerar insuficiente la documentación presentada.
De esta manera, la resolución mantiene el traslado del sable en curso, pero con controles y verificaciones adicionales, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones sobre la medida cautelar de fondo.
