La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional poner en práctica de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la parte del decreto que había supeditado su aplicación a determinadas condiciones.

La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de analizar los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado cuestionó el contenido del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795, pero estableció que su ejecución quedaría condicionada a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas presupuestarias necesarias.

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Según sostuvo Cormick, esa condición no podía utilizarse para demorar o impedir la aplicación de una norma aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada posteriormente por ambas cámaras tras el veto presidencial.

La decisión judicial

En su sentencia, el juez ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de forma inmediata con la legislación y adoptar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar su puesta en marcha.

El magistrado consideró que, una vez que el Congreso insistió con la norma y alcanzó la mayoría de dos tercios establecida por la Constitución, el Ejecutivo debía promulgarla sin agregar restricciones que modificaran sus efectos.

Para Cormick, la condición incorporada en el decreto terminó creando una instancia que no está contemplada constitucionalmente y que, en los hechos, podía impedir la ejecución de una ley cuyo veto presidencial ya había sido rechazado por el Poder Legislativo.

Qué contempla la Ley 27.795

La normativa establece medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades nacionales, entre ellas la actualización de partidas presupuestarias, mejoras salariales para docentes y no docentes y mayores recursos para becas estudiantiles e investigación.

El conflicto judicial surgió después de que el Gobierno estableciera condiciones para avanzar con la aplicación de la ley, con el argumento de que previamente debían definirse los recursos destinados a cubrir el gasto.

Con esta resolución de primera instancia, el juez Cormick dispuso que el Ejecutivo avance con la implementación de la norma. La decisión puede ser apelada, por lo que el conflicto podría continuar en instancias judiciales superiores.