La Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en el sector conocido como “La Frontera”, en Pinamar. La resolución fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, a cargo del magistrado suplente Félix Adrián Ferrán, y responde a un amparo presentado contra la Municipalidad local por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
La decisión judicial se conoció a tres semanas del grave accidente que dejó a un menor, identificado como Bastian, con heridas de consideración, hecho que volvió a poner en debate los riesgos de estas prácticas en zonas turísticas.
Qué prohíbe la resolución
El fallo ordena el “cese inmediato y la prohibición expresa” de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos organizados, desafíos, carreras y maniobras temerarias realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos y otros similares en los médanos costeros del Partido de Pinamar, incluso cuando se trate de terrenos de titularidad privada.
En el texto, el juez remarca que se trata de conductas de “riesgo manifiesto”, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, muchas veces con niñas y niños como víctimas.
Fundamentos y responsabilidades
La resolución sostiene que estas prácticas generan todos los años accidentes graves y fatales, hechos que han sido reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional. Además, advierte que en la mayoría de los casos se realizan sin autorización administrativa, sin señalización, sin delimitación de zonas y sin controles permanentes, compartiendo el espacio con peatones, familias y menores.
Si bien el municipio había argumentado que no podía intervenir por tratarse de un predio privado, el fallo señala que los municipios tienen la obligación de reglamentar, controlar e impedir actividades que afecten la seguridad, la salubridad y el orden público. También aclara que la aplicación de multas resulta insuficiente frente a los riesgos que implican este tipo de conductas.
La medida marca un precedente clave en materia de seguridad vial y uso de espacios costeros en la provincia de Buenos Aires.