La decisión del Gobierno nacional de modificar la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 abrió un nuevo frente de conflicto político. Desde distintos bloques de la oposición rechazaron la medida al considerar que presenta cuestionamientos constitucionales y adelantaron que impulsarán acciones tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar impedir su entrada en vigencia.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, incorpora nuevas causales para restringir el ingreso o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad, así como de quienes participen en actos considerados ofensivos hacia los símbolos patrios.
Desde la oposición sostienen que el Ejecutivo no debió recurrir a un DNU para introducir cambios de este alcance y remarcaron que buscarán su tratamiento parlamentario con el objetivo de dejar sin efecto la iniciativa.
Uno de los primeros en manifestar su rechazo fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien calificó el decreto como inconstitucional y afirmó que la medida pretende establecer sanciones administrativas sin respetar las garantías del debido proceso ni la intervención del Poder Judicial.
El legislador también vinculó la decisión del Gobierno con la controversia generada por las restricciones al uso de símbolos relacionados con las Islas Malvinas durante el reciente Mundial, al considerar que el oficialismo busca reforzar un discurso de carácter nacionalista.
Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones, cuestionó la iniciativa y sostuvo que resulta contradictoria con el discurso que, según afirmó, mantiene el propio Gobierno nacional.
En la misma línea, el diputado Jorge Taiana calificó el decreto como una medida "racista, xenófoba y discriminatoria" y aseguró que desde el ámbito legislativo trabajarán para impedir que continúe vigente.
Mientras tanto, el Gobierno defendió el DNU al sostener que busca fortalecer la protección de la seguridad, la identidad nacional y los símbolos patrios. Sin embargo, la oposición ya anticipó que la discusión continuará tanto en el plano político como en el judicial, en un nuevo capítulo de la disputa entre el oficialismo y los bloques opositores.


















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