La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa firmaron este lunes 26 de octubre un acuerdo de colaboración para fortalecer la lucha contra el contrabando, la falsificación de marcas y las distintas modalidades de comercialización ilegal en el país.
El convenio fue rubricado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La iniciativa contempla la coordinación de acciones entre el sector público y el privado, con especial énfasis en el comercio electrónico, las redes sociales y los sitios de compraventa digital.
El objetivo es mejorar la detección de operaciones irregulares, facilitar el intercambio de información y reforzar la intervención de los organismos de control frente a productos que ingresan o se comercializan al margen de las normas vigentes.
El impacto del comercio ilegal en la industria
De acuerdo con estimaciones difundidas por la entidad industrial, el comercio ilícito representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y ocasiona una pérdida fiscal cercana a los 2.300 millones de dólares anuales.
Además, los resultados de la III Encuesta de la UIA indican que seis de cada diez empresas industriales están afectadas por el comercio desleal, mientras que cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal a través de plataformas digitales, redes sociales y marketplaces.
Desde la entidad advirtieron que estas prácticas perjudican a distintos sectores productivos y regiones del país, al generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con las obligaciones tributarias, comerciales y regulatorias.
La industria argentina, que genera alrededor de 1,2 millones de empleos formales y aporta más de una cuarta parte de la recaudación tributaria nacional, aparece entre los sectores afectados por estas maniobras.
Más controles y coordinación con organismos públicos
El acuerdo establece una agenda de trabajo conjunta para revisar normas, incorporar herramientas tecnológicas y desarrollar mecanismos de fiscalización que permitan detectar con mayor eficacia el contrabando, las falsificaciones y la comercialización de mercadería que no cumple con los requisitos legales.
Las medidas abarcarán tanto los establecimientos físicos como los canales de venta digitales. También se prevé intercambiar información sobre categorías de productos sospechosos de competir de manera desleal con la producción nacional, con el propósito de identificar a los operadores involucrados.
El convenio contempla, además, la posibilidad de establecer acuerdos específicos con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección General de Aduanas, la Autoridad Nacional de la Competencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y las fuerzas federales de seguridad.
La iniciativa se complementa con otro acuerdo impulsado por la Secretaría con empresas de plataformas digitales, marketplaces y sus cámaras representativas, con el objetivo de mejorar los mecanismos de información y fiscalización en el comercio electrónico.
Un plan de trabajo con seguimiento periódico
La Secretaría y la UIA acordarán un programa de acciones semestral, con evaluaciones trimestrales que permitirán analizar los avances de las denuncias recibidas y las medidas implementadas.
Por parte de la entidad industrial, el seguimiento estará a cargo de la Mesa UIA de Acciones contra el Contrabando, el Comercio Ilegítimo y la Competencia Desleal, integrada por representantes de cámaras sectoriales y regionales.
Al referirse al convenio, Rappallini sostuvo que el comercio ilegal destruye empleo formal, reduce la recaudación tributaria y puede poner en peligro a los consumidores.
El titular de la UIA remarcó que las empresas que cumplen con las regulaciones no pueden competir en igualdad de condiciones con productos que ingresan o se venden al margen de la ley. En ese sentido, destacó la importancia de sumar tecnología, información y coordinación entre los organismos responsables de los controles.
Las propuestas de la UIA para reforzar la fiscalización
El convenio forma parte de una agenda que la UIA impulsa desde 2025 junto con sus cámaras asociadas. Entre los avances mencionados por la entidad se encuentran la creación de un formulario unificado para denunciar irregularidades, las capacitaciones a integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal en distintas provincias, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad para canalizar denuncias y fortalecer los operativos fronterizos.
De cara a los próximos pasos, la organización propone conformar una mesa de trabajo público-privada que reúna a las áreas de Comercio, Defensa del Consumidor, ARCA-Aduana, Seguridad y Justicia, con objetivos y plazos definidos.
También plantea ampliar los controles más allá de los puntos de venta y los paquetes individuales, para alcanzar a mayoristas, centros de distribución y operadores logísticos.
Entre las medidas sugeridas figuran el uso de inteligencia artificial para detectar posibles maniobras de subfacturación, la implementación de escáneres y sistemas de trazabilidad, y un mayor seguimiento de los valores declarados en las importaciones.
La entidad también reclama condiciones equivalentes para el comercio físico y el electrónico, mayor transparencia sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y una revisión de las reglas aplicables a los servicios de courier y los envíos postales.
Por último, propone revisar el destino de la mercadería decomisada para evitar que vuelva al circuito comercial y reforzar la difusión de los operativos y las sanciones, como una forma de desalentar las actividades ilegales.
Con este acuerdo, el Gobierno y la UIA buscan avanzar hacia un esquema de fiscalización más coordinado, que permita reducir las prácticas comerciales ilegítimas, proteger a los consumidores y mejorar las condiciones de competencia para la producción nacional.


















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