Las escuelas porteñas deberán hacerse cargo de los costos generados por grafitis, roturas de bancos, puertas y otros daños intencionales que no representen un riesgo inmediato para estudiantes o docentes. La medida forma parte del nuevo “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, impulsado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta ahora, el Gobierno porteño afrontaba las reparaciones de los establecimientos educativos sin importar el origen del deterioro. Con el nuevo esquema, esa modalidad cambia y serán las propias instituciones las que deberán evaluar cómo resolver los daños que no requieran una intervención urgente.
La responsabilidad recaerá sobre los equipos de conducción junto con las cooperadoras escolares. Los recursos podrían surgir de la caja chica de cada establecimiento o de fondos administrados por las cooperadoras.
Aunque los estudiantes no deberán pagar directamente por los desperfectos, el protocolo establece que la comunidad educativa tendrá que elaborar una estrategia concreta para subsanar lo ocurrido. Entre las alternativas contempladas aparecen también jornadas de reparación con participación activa de los alumnos.
La nueva disposición establece una diferencia clave según la gravedad del deterioro. Cuando una rotura implique un riesgo para la seguridad de estudiantes o docentes, el Ministerio de Educación deberá intervenir de manera inmediata y asumir la reparación, como sucedía hasta ahora.
El cambio se aplica exclusivamente a los daños intencionales que no requieran atención urgente. De esta manera, el objetivo oficial es trasladar parte de la responsabilidad por el mantenimiento cotidiano hacia las propias instituciones y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de los espacios compartidos.
Las escuelas cuentan con dos vías principales de financiamiento. Una parte proviene del presupuesto de la Ciudad y otra del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), que se articula con las cooperadoras escolares. Hasta el momento, esos recursos no estaban destinados a reparar este tipo de daños, sino a afrontar diferentes gastos operativos.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada.
El marco general fue elaborado a partir de un diagnóstico de conducta realizado por la Universidad de San Andrés junto con el Ministerio de Educación porteño. El estudio contó con la participación de 3.000 estudiantes de primero a tercer año pertenecientes a 42 escuelas secundarias distribuidas en las 15 comunas de la Ciudad.
La investigación detectó una relación entre el clima institucional y el cuidado de la infraestructura. Según el diagnóstico, en los establecimientos donde existe un mayor nivel de respeto mutuo también disminuyen los daños. El trabajo identificó además un efecto de contagio social: cuando los estudiantes observan que sus compañeros cuidan los espacios comunes, aumenta también su compromiso individual.
El protocolo no se limita a establecer quién debe afrontar las reparaciones. También plantea distintas iniciativas destinadas a fortalecer el sentido de pertenencia entre los estudiantes.
Una de ellas es la creación de los “Embajadores del cuidado”, mediante la cual cada curso asumirá de manera rotativa la responsabilidad de supervisar un sector de la institución. También se proponen los “Últimos minutos para el cuidado del espacio” antes de finalizar cada clase.
Entre las alternativas aparecen además la realización de murales estudiantiles en paredes que fueron vandalizadas y la creación de huertas escolares o jardines de polinizadores para revalorizar los espacios verdes.
Para sostener estas prácticas a lo largo del tiempo, la resolución propone campañas con mensajes positivos elaborados junto con los alumnos, tableros con indicadores visibles y acuerdos de cuidado construidos colectivamente.
También contempla la figura de los “Anfitriones de una nueva cultura”, una modalidad de acompañamiento entre pares destinada a quienes ingresan por primera vez a una institución educativa.
La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, destacó que el objetivo es extender una cultura de cuidado y responsabilidad dentro de las escuelas.
“En algunas escuelas de la Ciudad, y en muchos sistemas educativos del mundo, el cuidado y el mantenimiento del orden y la limpieza es tarea de toda la comunidad educativa. Nos proponemos extender estas prácticas y establecer un marco común para el cuidado de todas nuestras escuelas”, sostuvo.
La funcionaria señaló además que los hábitos vinculados con el orden y el cuidado comienzan a modificarse a medida que los estudiantes avanzan desde el nivel inicial hacia la primaria y, especialmente, la secundaria.
En ese sentido, remarcó que las escuelas son espacios compartidos diariamente por cientos de miles de estudiantes y que los hábitos incorporados durante esa etapa pueden acompañarlos durante toda la vida.
El nuevo protocolo incorpora además la obligación de que cada institución implemente un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos.
El programa contempla la designación de un Referente Ambiental encargado de coordinar su implementación, pautas para ubicar correctamente los elementos destinados a la separación de residuos y la creación de un Comité Ambiental integrado por directivos, docentes, estudiantes y familias.
Las escuelas deberán contar con cestos de 25 o 50 litros para residuos reciclables y basura, además de contenedores verdes de 240 litros destinados al acopio.
El plan contempla las distintas corrientes de residuos generadas dentro de los establecimientos, entre ellas papel, plástico, vidrio y metales reciclables; residuos orgánicos que puedan destinarse al compostaje; aparatos eléctricos y electrónicos; bienes en desuso; restos de obras y poda; aceite vegetal usado y materiales provenientes de talleres y laboratorios.
Cada tipo de residuo tendrá un circuito específico de disposición, como parte de una estrategia general que busca modificar los hábitos de cuidado y mantenimiento dentro de las escuelas porteñas.


















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