En un giro judicial que genera fuertes repercusiones políticas, el exempresario de la construcción Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial en una causa por evasión fiscal. La resolución, que también alcanza a sus hijos y a otros 11 colaboradores, fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, fundamentada estrictamente en la flamante "Ley de Inocencia Fiscal" impulsada por la administración de Javier Milei.
La paradoja de la medida radica en que una normativa promovida por el actual Gobierno nacional terminó convirtiéndose en el salvoconducto legal para una de las figuras más cuestionadas de la gestión anterior. Gracias a los nuevos pisos y parámetros fijados en la legislación del oficialismo, la Justicia determinó que la firma Austral Construcciones queda fuera de la persecución penal por la falta de pagos de IVA y Ganancias en diversos ejercicios.
Sin embargo, el beneficio para el empresario santacruceño no es total. Báez todavía deberá enfrentar el juicio oral por deudas correspondientes al periodo 2012, ya que los montos de ese año superan los límites de tolerancia establecidos por la reforma de Milei. El sobreseimiento parcial, no obstante, representa un alivio significativo para su círculo íntimo, incluyendo a sus hijos Martín, Leandro y Luciana, quienes también estaban imputados en el expediente.
Este escenario pone bajo la lupa los efectos colaterales de las reformas económicas del Ejecutivo. Mientras la sociedad argentina atraviesa un duro ajuste y una presión impositiva asfixiante, las modificaciones en las leyes fiscales terminan permitiendo que grandes evasores vinculados a la obra pública obtengan cierres de causas en los tribunales federales de Comodoro Py.
Además de la familia Báez, la resolución del tribunal benefició a una larga lista de ex directivos y apoderados de la constructora, entre los que figuran Julio Mendoza y Claudio Bustos. La decisión del tribunal marca un precedente sobre cómo la nueva política tributaria de la Casa Rosada impactará en las causas de corrupción y delitos económicos que todavía tramitan en la justicia argentina.
