La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una nueva presentación impulsada por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
El reclamo estaba relacionado con una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa les atribuía supuestas irregularidades durante las primeras actuaciones de la causa.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios para avanzar.
La presentación había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
La defensa cuestionaba las condiciones en las que se realizaron las declaraciones indagatorias, al sostener que no se habrían informado adecuadamente los hechos atribuidos ni las pruebas existentes. También señalaba presuntas inconsistencias en los horarios y en las actas correspondientes.
A partir de esos planteos, había denunciado a distintos funcionarios por supuestos delitos vinculados con el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la presentación fue desestimada en las instancias judiciales anteriores y los posteriores recursos tampoco prosperaron.
El rechazo de la Corte no implica una nueva revisión de las condenas por el homicidio, sino que se limita al expediente relacionado con la denuncia contra los funcionarios judiciales.
Las condenas por el crimen
Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
En febrero de 2023, cinco de los acusados fueron condenados a prisión perpetua: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión.
En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal del hecho.
Con esta nueva decisión, el máximo tribunal nacional volvió a rechazar un planteo vinculado con el proceso judicial, aunque en esta oportunidad no se pronunció sobre la responsabilidad penal de los condenados por el asesinato.


















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