El juicio por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en una etapa decisiva luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina, al considerar que la tragedia que terminó con la vida de 44 tripulantes pudo haberse evitado.
Durante los alegatos realizados ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales sostuvieron que los imputados conocían las deficiencias técnicas y operativas que presentaba el submarino, pero aun así autorizaron su continuidad en servicio.
Uno de los principales argumentos de la acusación fue que el desenlace ocurrido el 15 de noviembre de 2017 era previsible debido a las condiciones en las que navegaba la embarcación.
Por ese motivo, la Fiscalía solicitó penas de cinco años de prisión para el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.
Además, pidió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa, quienes también llegaron al proceso judicial en libertad.
Según la acusación, el ARA San Juan acumulaba antecedentes técnicos que requerían mayores controles y medidas de seguridad, situación que habría sido conocida por los responsables de la cadena de mando.
Los fiscales también cuestionaron la postergación de inspecciones de seguridad que debían realizarse antes de la tragedia y sostuvieron que se priorizaron las operaciones por encima de las revisiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del submarino.
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Durante la audiencia, el Ministerio Público remarcó que existían advertencias previas sobre diversos problemas técnicos y consideró que los acusados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos al no adoptar medidas preventivas que evitaran exponer a la tripulación a una situación de riesgo.
Tras los alegatos de la Fiscalía, será el turno de las querellas que representan a familiares de las víctimas y posteriormente expondrán las defensas de los acusados.
El caso busca determinar las responsabilidades por una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina. El ARA San Juan desapareció mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata y sus restos fueron hallados un año después a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
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