La Justicia Federal procesó a empresarios, directivos y responsables técnicos involucrados en la producción y distribución de fentanilo adulterado, en el marco de una causa que ya investiga al menos 90 muertes y decenas de casos graves en distintos puntos del país.
La resolución judicial, de 382 páginas, se conoció al cumplirse un año del inicio de la investigación, que comenzó el 13 de mayo de 2025 tras detectarse irregularidades en el Hospital Italiano de La Plata.
Según determinó la causa, los lotes 31202 y 31244 fueron elaborados bajo “serias deficiencias” y estaban contaminados con bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae.
El Instituto Malbrán confirmó que las bacterias encontradas en las ampollas coincidían genéticamente con las aisladas en pacientes fallecidos, un dato clave que agravó la situación judicial de los acusados.
Aunque actualmente se contabilizan 90 víctimas fatales y 44 personas afectadas que sobrevivieron, la Justicia advirtió que el número podría aumentar debido a que existen más de 100 casos sospechosos todavía bajo análisis.
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La investigación incluye la revisión de miles de historias clínicas en 17 jurisdicciones del país y también detectó irregularidades en los registros de trazabilidad de distintos hospitales y centros de salud.
Entre los principales procesados aparecen Ariel Fernando García Furfaro, señalado como dueño del conglomerado empresarial, junto a su hermano Diego, además de Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB, Javier Tchukrán y responsables de áreas técnicas y de control de calidad.
El juez Ernesto Kreplak sostuvo que los acusados conocían las fallas estructurales de la planta y las advertencias previas realizadas por la ANMAT, pero igualmente continuaron con la fabricación y distribución del medicamento.
La imputación dejó de centrarse únicamente en la adulteración de medicamentos y pasó a contemplar una presunta responsabilidad directa en las muertes, luego de comprobarse que el producto habría ingresado al circuito sanitario con documentación falsa para ocultar la falta de controles de esterilidad.
Ante la magnitud del caso, el juzgado ordenó además la inmovilización de ampollas en clínicas, hospitales y droguerías de distintas provincias, en un operativo que ya es considerado uno de los mayores escándalos de la industria farmacéutica argentina.
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