El Gobierno nacional avanza con una hoja de ruta precisa para privatizar una serie de empresas públicas con el objetivo de continuar achicando el peso del Estado. Según los plazos estipulados por el oficialismo, la apuesta principal es lograr la privatización de al menos cinco compañías estratégicas antes de que culmine el primer semestre del año 2027.
Detrás de este ambicioso proyecto trabajan de manera coordinada el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conducida por el abogado Diego Chaher, y las conducciones directivas de cada una de las firmas involucradas en el proceso.
En este esquema de prioridades diseñado por la administración de Javier Milei, la empresa AySA encabeza la lista. La apertura de ofertas por el 90 por ciento del paquete accionario de la compañía encargada del servicio público de agua potable está programada para el próximo 15 de septiembre. Si bien será una licitación sin precio base formal para que gane la propuesta más jugosa, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) armó una valuación de referencia que los oferentes deberán superar. Entre los interesados ya asoman nombres como Mauricio Filiberti, en sociedad con la constructora Rowing, y el Grupo Roggio.
La otra gran apuesta libertaria es el sistema ferroviario de cargas. La licitación lanzada recientemente comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El enorme desafío oficial para esta operación será conseguir un oferente dispuesto a aceptar una concesión por el término de 50 años, lo que demandaría una inversión cercana a los 1000 millones de dólares.
Según el cronograma oficial estipulado para los trenes, las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. Además del acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se impuso una cláusula restrictiva que impide la participación de empresas extranjeras controladas por sus respectivos estados.
El mapa de privatizaciones se completa con otras dos firmas clave. Por un lado se encuentra Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos. Tras pulir el proceso desde el año pasado, las autoridades trabajan en un segundo llamado a licitación antes de que termine el actual calendario, con una modalidad que aún resta definir.
Por el otro lado aparece ENARSA, encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Según fuentes gubernamentales, durante este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín, mientras que para el primer trimestre de 2027 se avanzará con la de Central Vuelta de Obligado. A su vez, el Ejecutivo tiene previsto avanzar paralelamente con los gasoductos de la compañía, considerados un valor fundamental dentro de la estructura energética.


















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