Las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA generaron una fuerte controversia política y periodística. La polémica se desató luego de que el mandatario afirmara que quienes, según su visión, difundieron información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”, durante su participación en la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes por la noche.
El discurso presidencial recibió críticas de entidades vinculadas a la prensa, representantes de distintos partidos políticos y algunos dirigentes cercanos al Gobierno. Los cuestionamientos se centraron en la agresividad de sus expresiones y en el señalamiento directo de comunicadores que investigaron el expediente relacionado con la criptomoneda promocionada por el jefe de Estado.
El episodio tuvo lugar pocas horas después de que la Justicia dispusiera el sobreseimiento de Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve investigados en la causa. Tras conocerse la resolución, el presidente volvió a cuestionar la cobertura periodística y presentó la investigación como una maniobra política destinada a perjudicar a su administración.
Los cinco periodistas apuntados por el Presidente
Durante su exposición, Milei mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó de “ensobrados y corruptos”.
Luego, en un pasaje que provocó numerosas reacciones, expresó: “Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Las palabras del mandatario despertaron preocupación por el alcance de los ataques verbales desde la máxima autoridad del país y por sus posibles consecuencias sobre quienes ejercen el periodismo. Las críticas llegaron desde el peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO, además de organizaciones especializadas en libertad de expresión.
El rechazo de las organizaciones periodísticas
La Academia Nacional de Periodismo cuestionó los reiterados agravios presidenciales contra trabajadores de prensa y advirtió sobre el efecto que estas expresiones pueden tener en la convivencia democrática. La entidad también recordó la existencia de amenazas de muerte recientes y sostuvo que la violencia institucional representa un riesgo para la democracia.
En la misma línea, el periodista y miembro de la Academia José Ignacio López manifestó su solidaridad con los comunicadores señalados y con quienes desarrollan su trabajo con independencia. Además, destacó la importancia de preservar la libertad de expresión, reconocida por la Constitución Nacional.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también condenó las declaraciones y describió el escenario como una escalada de hostilidad contra la prensa. La organización alertó que recurrir a la imagen de una hoguera después de identificar públicamente a periodistas puede contribuir a legitimar agresiones y aumentar los riesgos para quienes informan.
FOPEA reclamó que cese la estigmatización de los trabajadores de prensa y recordó la responsabilidad del Estado de garantizar su protección. Asimismo, instó a dirigentes políticos, legisladores e instituciones a pronunciarse sobre lo ocurrido.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre las consecuencias que este tipo de discursos puede generar para el ejercicio de la libertad de expresión. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó al repudio y expresó su respaldo a los periodistas mencionados por el Presidente.
Las críticas de la oposición: “Intolerable y peligroso”
Las declaraciones también provocaron fuertes respuestas de dirigentes opositores. Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Cecilia Moreau calificó los dichos como “intolerables y peligrosos” y cuestionó la relación del mandatario con la libertad de prensa y los principios democráticos.
El diputado peronista Pablo Yedlin apuntó contra quienes aplaudieron el discurso presidencial y sostuvo que ese tipo de reacciones contribuye a profundizar el clima de hostilidad hacia el periodismo.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois interpretó las expresiones como una manifestación de abuso de poder y las definió como un “método fascista”. También advirtió sobre el peligro de que los insultos y las expresiones violentas se vuelvan habituales en el discurso de las máximas autoridades.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente del bloque en la Cámara baja, condenó las palabras del jefe de Estado y manifestó su solidaridad con los trabajadores de prensa.
Su compañera de bancada Mónica Frade respondió con una frase dirigida al mandatario: “La hoguera la lleva en su interior y lo está quemando”.
El titular de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, consideró que el episodio reviste una “enorme gravedad institucional”. El dirigente sostuvo que la referencia a la hoguera remite a prácticas de persecución contra quienes piensan diferente y cuestionó el impacto de esa retórica sobre la convivencia democrática.
También se pronunció el diputado radical Pablo Juliano, quien calificó lo ocurrido como uno de los ataques más graves contra el periodismo desde el regreso de la democracia. El legislador expresó su respaldo a los comunicadores señalados por Milei.
A su vez, el representante del Partido Socialista Esteban Paulón cuestionó las declaraciones y alertó sobre las consecuencias de naturalizar los agravios contra quienes ejercen una función informativa.
También hubo cuestionamientos entre aliados del Gobierno
Las críticas no quedaron limitadas a la oposición. Algunos referentes vinculados al oficialismo y dirigentes de espacios aliados manifestaron diferencias con el tono del discurso presidencial.
La diputada libertaria Silvana Giudici, relacionada políticamente con Patricia Bullrich y referente de la Fundación LED, defendió la función del periodismo y remarcó que investigar, publicar información y expresar opiniones críticas son componentes esenciales de la libertad de expresión.
“Creo en la prensa como factor de equilibrio y contrapeso del poder”, sostuvo Giudici, al plantear que ese derecho debe mantenerse incluso cuando las publicaciones resultan incómodas para el Gobierno.
Desde el PRO, el jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling, calificó las expresiones presidenciales como “un despropósito y una locura”. El legislador consideró que el Presidente debe actuar con especial responsabilidad al expresarse por su condición de máxima autoridad institucional y manifestó su solidaridad con los periodistas.
Goerling también cuestionó el tono de la exposición y reclamó que el Gobierno concentre sus esfuerzos en las preocupaciones cotidianas de la sociedad.
En cambio, el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ofreció una interpretación diferente. El legislador sostuvo que Milei no había formulado una orden literal de quemar periodistas y cuestionó que se atribuyera ese significado a sus palabras.
Por su parte, Oscar Zago, jefe del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo, criticó la reiteración de insultos contra quienes mantienen posiciones diferentes y reclamó que se establezcan límites a ese comportamiento.
La senadora Patricia Bullrich estuvo presente en la cena de la Fundación Faro. Según las crónicas del episodio, no se sumó a los aplausos durante el tramo del discurso en el que Milei pronunció las frases cuestionadas.
Hasta el momento de las primeras reacciones, no se había conocido una posición conjunta del oficialismo que fijara una respuesta institucional común frente a la polémica.
Qué pasó con la causa $LIBRA
El enfrentamiento se produjo después de que la Justicia resolviera el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y otros nueve investigados en el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA.
El 14 de febrero de 2025, el Presidente había difundido en su cuenta de X un mensaje sobre el proyecto Viva la Libertad Project, presentado como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos. Luego de la publicación, el valor del activo digital experimentó una fuerte suba y posteriormente se desplomó en pocas horas, lo que ocasionó pérdidas a numerosos inversores.
El caso dio lugar a denuncias para investigar posibles delitos, entre ellos estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La investigación buscó determinar las responsabilidades de los promotores del proyecto y establecer si existieron vínculos indebidos con funcionarios.
El viernes 23 de octubre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del Presidente, de su hermana y de otros nueve involucrados, tras hacer lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Según la resolución, los hechos examinados no encuadraban en una figura penal y no se habían reunido los elementos necesarios para acreditar los delitos investigados. Entre las personas beneficiadas por la decisión figuran el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como creador de la criptomoneda, y el lobista Mauricio Novelli.
Sin embargo, el fallo también generó cuestionamientos. Un análisis publicado por Chequeado señaló que los investigados fueron sobreseídos sin haber sido convocados a declarar en indagatoria y que persistían interrogantes sobre determinadas comunicaciones telefónicas y el recorrido de los fondos vinculados con el activo digital. Los inversores damnificados, además, habían sido apartados previamente de su participación como querellantes.
La decisión judicial no cerró la controversia política. Mientras Milei celebró el resultado y sostuvo que la causa respondía a una operación para perjudicarlo, otros sectores cuestionaron tanto el desarrollo del expediente como sus ataques contra los periodistas que informaron sobre el caso.
La libertad de expresión, en el centro del debate
La polémica volvió a exponer la tensión entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo. Las declaraciones presidenciales reabrieron la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios al expresarse públicamente, el derecho a investigar y difundir información y las consecuencias que pueden tener los ataques verbales contra comunicadores identificados por su nombre.
Mientras organizaciones periodísticas reclamaron respeto por la libertad de expresión y garantías para el ejercicio profesional, dirigentes políticos de diferentes espacios expresaron su preocupación por el tono del discurso presidencial.
El episodio dejó en evidencia, además, que las diferencias sobre el caso $LIBRA exceden el ámbito judicial y continúan alimentando un conflicto político que involucra al Gobierno, a la oposición y a los medios de comunicación.
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