La Justicia de Córdoba condenó a un colegio privado a indemnizar con más de $351 millones a una alumna que sufrió quemaduras de extrema gravedad durante un experimento de química realizado en septiembre de 2022. Además, la sentencia ordenó garantizar la cobertura de hasta 30 intervenciones quirúrgicas durante los próximos cinco años.

El accidente ocurrió el 6 de septiembre de 2022, cuando la adolescente, que tenía 17 años y cursaba el último año del secundario, participaba junto a sus compañeros de una práctica conocida como “la serpiente del faraón”.

Durante el experimento, una compañera agregó alcohol a una mezcla que contenía elementos inflamables y provocó una deflagración que alcanzó directamente a la joven.

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Las consecuencias fueron devastadoras. La estudiante sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo, permaneció más de 70 días internada en terapia intensiva y debió someterse a numerosas intervenciones, entre ellas limpiezas quirúrgicas, ablaciones y autoinjertos de piel. Tras un prolongado proceso de recuperación, quedó con una incapacidad psicofísica permanente y definitiva.

Por qué la Justicia condenó al colegio

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 51.ª Nominación de Córdoba, a cargo del juez Gustavo A. Massano.

Durante el proceso, la institución educativa intentó desligarse de responsabilidad al argumentar que el accidente había sido provocado por la conducta imprudente de otra estudiante. La compañía aseguradora también sostuvo que se trató de un hecho imprevisible o inevitable.

Sin embargo, el magistrado rechazó ambas defensas y sostuvo que el colegio tenía la obligación de garantizar la seguridad de sus alumnos durante las actividades educativas.

En su resolución, explicó que los estudiantes no pueden ser considerados terceros ajenos al establecimiento, ya que se encuentran bajo su responsabilidad mientras participan de las actividades escolares.

El juez también remarcó que la manipulación de fuego y alcohol constituye una actividad riesgosa y que las posibles conductas imprudentes de los adolescentes deben ser contempladas al organizar este tipo de prácticas.

Las fallas de seguridad que detectaron en el laboratorio

Uno de los puntos centrales del fallo fueron las deficiencias detectadas durante las pericias técnicas en materia de higiene y seguridad.

Los informes determinaron que el laboratorio no contaba con los elementos básicos de protección personal ni con las medidas de seguridad necesarias para desarrollar el experimento. Además, se comprobó que no se había aplicado correctamente el manual de seguridad de la propia institución.

El magistrado también cuestionó la supervisión durante la actividad. Según las pruebas reunidas, una sola docente estaba a cargo de varios grupos que realizaban simultáneamente el experimento con fuego, sin ayudantes de laboratorio ni un orden secuencial estricto.

A esto se sumó que no se había verificado previamente la idoneidad de los recipientes de alcohol que los propios alumnos habían llevado para realizar la práctica.

Para el juez, estas deficiencias demostraron que el establecimiento no había adoptado las precauciones necesarias para prevenir un accidente de semejante gravedad.

La indemnización supera los $351 millones

En la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2026, el magistrado estableció una indemnización total de $351.114.238,79, que comprende distintos conceptos vinculados con los daños sufridos por la joven, entre ellos la incapacidad, los tratamientos médicos futuros y el daño moral.

Además del pago económico, la resolución dispuso que el colegio y la compañía aseguradora deberán garantizar la realización de hasta 30 intervenciones quirúrgicas durante un período de cinco años, con las condiciones establecidas en el fallo.

La medida busca contemplar la continuidad del tratamiento y las necesidades médicas que puedan surgir como consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Un fallo sobre la responsabilidad de los establecimientos educativos

La resolución judicial pone el foco en el deber de cuidado que deben cumplir las instituciones educativas, especialmente cuando organizan actividades prácticas que implican riesgos para los estudiantes.

En este caso, el juez consideró que la conducta imprudente de una adolescente no eximía al colegio de su responsabilidad, debido a las deficiencias de seguridad y supervisión detectadas.

La sentencia determinó que el establecimiento debía responder por los daños sufridos por la alumna y por las consecuencias permanentes que el accidente dejó en su salud.

El caso vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en los laboratorios escolares y la responsabilidad de las instituciones al realizar experimentos que involucran sustancias inflamables.