La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión preventiva durante 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil, apenas dos jornadas después de que la Ley 27.801 comenzara a regir en todo el país.

La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.

La nueva normativa establece, entre otros cambios, la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años, ampliando de esta manera el universo de adolescentes que pueden quedar alcanzados por el sistema penal.

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El argumento de la jueza

En su resolución, Pascual advirtió que la implementación del nuevo régimen podría generar un incremento considerable de la cantidad de adolescentes alojados en establecimientos de la provincia, tanto por el ingreso de nuevos jóvenes como por una mayor permanencia dentro del sistema.

La magistrada puso el foco en las actuales condiciones de los centros de privación de libertad bonaerenses y consideró que la infraestructura, los recursos institucionales y el personal disponible no serían suficientes para afrontar el eventual aumento de la población detenida.

Por ese motivo, la suspensión tendrá carácter preventivo y se extenderá por dos meses. Además, la Justicia convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que se analizarán las condiciones del sistema y las medidas necesarias para avanzar con la implementación de la normativa.

Cruces políticos por la aplicación de la ley

El fallo también generó repercusiones en el ámbito político. Desde sectores vinculados a La Libertad Avanza cuestionaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la situación de la infraestructura destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La resolución judicial se produjo el mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.801, que había entrado formalmente en vigencia el 5 de septiembre.

De esta manera, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó temporalmente frenada en territorio bonaerense, mientras la Justicia analiza las condiciones del sistema y las autoridades deberán responder sobre la capacidad de los establecimientos para afrontar el nuevo escenario.