El Gobierno nacional confirmó que recurrirá la decisión de primera instancia que declaró inválida una disposición del Ejecutivo vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar de manera inmediata con su cumplimiento.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras hacer lugar a los amparos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado cuestionó un apartado del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la ley a la determinación de los recursos presupuestarios necesarios. En consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias correspondientes para poner en marcha la normativa.
Según el criterio de Cormick, la herramienta utilizada para postergar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso excedió las facultades del Ejecutivo. El juez también señaló que la propia legislación contempla mecanismos para afrontar su financiamiento, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos corrientes superiores a los previstos.
La norma había sido aprobada en agosto de 2025 por iniciativa de sectores de la oposición. Después de que el presidente Javier Milei la vetara, ambas cámaras del Congreso reunieron los votos necesarios para insistir con el proyecto. Finalmente, en octubre de ese año, el Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, aunque estableció condiciones para su ejecución.
De acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso citada en la resolución judicial, el impacto fiscal de la ley durante 2025 equivalía al 0,23% del PBI.
La disputa por salarios y becas
El expediente ya tenía un antecedente judicial. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó implementar los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y con las becas destinadas a estudiantes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y, el 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. Así, la cautelar continuó vigente mientras avanzaba la discusión sobre la cuestión de fondo.
El Gobierno, por su parte, argumentó que había atendido parte de los reclamos. El 10 de junio suscribió con el CIN y los sindicatos universitarios un acta que contemplaba una recomposición del 24,33% de la masa salarial y un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento.
La administración nacional solicitó entonces dejar sin efecto la cautelar, pero el planteo fue rechazado por Cormick el 1 de septiembre. El magistrado consideró que no se había demostrado una solución definitiva para la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios.
Las negociaciones tampoco llegaron a un acuerdo el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una propuesta adicional del 3% y anunció que la aplicaría aun sin consenso. Los gremios rechazaron esa alternativa y continuaron con el reclamo de una recomposición superior.
Ante esta situación, el juez determinó que el cumplimiento de la medida todavía era incompleto y otorgó cinco días al Gobierno para avanzar con su ejecución, con la posibilidad de establecer multas por cada jornada de incumplimiento. El Ejecutivo también cuestionó esa intimación.
En su defensa, la administración de Milei sostuvo que los incrementos acumulados desde diciembre de 2023 habían alcanzado el 226,8%, frente a una inflación del 226,46% hasta agosto de 2025.
El magistrado, sin embargo, objetó esa comparación y señaló que no se encontraba acreditada la actualización salarial bajo los parámetros establecidos por la ley. También rechazó la interpretación oficial sobre las becas y su vinculación con el programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495.
El 30 de septiembre, Cormick volvió a establecer un plazo de cinco días para el cumplimiento y consideró que, hasta ese momento, solo existía una ejecución parcial de la medida.
El reclamo por el Presupuesto 2027
La disputa por el financiamiento universitario también tiene un capítulo abierto en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 mil millones para el funcionamiento, las inversiones y los programas especiales de las universidades nacionales.
Desde el CIN consideran que esa cifra resulta insuficiente y reclaman una asignación cercana a los $11 mil millones.
En este contexto, las universidades y los gremios mantienen sus reclamos y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, mientras continúa la discusión judicial, presupuestaria y salarial en torno al financiamiento de la educación superior.


















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