El Jurado de Enjuiciamiento cerró la etapa de debates y entró en ronda de deliberaciones para decidir el futuro del juez federal Martín Luciano Poderti, quien está acusado de haber sustraído 144 monedas de oro mientras ejercía como secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. Actualmente, el magistrado se encuentra suspendido y la resolución está prevista para el 18 de diciembre.
La acusación no solo señala el robo, valuado en un monto cercano a los 190.000 dólares, sino también un grave incumplimiento del deber de custodia. Las piezas eran parte de un secuestro judicial en una causa por narcotráfico y estaban bajo resguardo en una caja de seguridad del banco.
Durante las audiencias, se presentó evidencia que muestra que Poderti accedió a la caja de seguridad en 19 oportunidades entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, según registros bancarios. Algunos de esos ingresos ocurrieron cuando se encontraba formalmente de licencia, o fuera del horario habitual, lo que para los acusadores refuerza la idea de ingresos no autorizados ni registrados en la causa judicial.
La parte acusadora ha calificado esos accesos como “clandestinos, ocultos y silenciados”. Además, sostienen que esas acciones nunca fueron autorizadas ni por el juez de entonces (Lino Mirabelli), ni justificadas en el expediente correspondiente.
En respuesta, la defensa de Poderti rechazó las imputaciones. Su abogado planteó que el jurado político debería esperar una sentencia penal definitiva para resolver su remoción. También cuestionó la exclusiva atribución de las llaves de la caja a Poderti y aseguró que el mecanismo de seguridad no fue vulnerado, descartando que él haya sido el único con acceso.
Por otra parte, Poderti ha afirmado que podría estar siendo víctima de una operación revanchista y señaló posibles vínculos con una red criminal que lo habría perjudicado durante su desempeño judicial. Sostuvo que ciertas acusaciones en su contra forman parte de una estrategia para dañar su prestigio institucional.
Dentro del Jurado, integrado por jueces, legisladores y abogados, será necesario un mínimo de cinco votos para aprobar la destitución del magistrado. El resultado definitivo se conocerá el 18 de diciembre, cuando se resuelva si Poderti continuará en el Poder Judicial o será apartado de forma definitiva.